El Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado lamentando que el gobierno chileno no asuma la responsabilidad asumida con Bolivia, de garantizar el Tratado de libre tránsito,  y le pide atender las demandas de sus trabajadores. Exige además, un resarcimiento por los daños económicos ocasionados.

El comunicado de la Cancillería, establece que el gobierno de Bolivia “lamenta que  el gobierno de Chile, en vez de asumir  la responsabilidad de sus constantes incumplimientos con el Libre Tránsito comprometido con Bolivia, falte nuevamente a la verdad, subestimando a la opinión pública al catalogar de  “conflicto ficticio” los paros de sus trabajadores y el consecuente estrangulamiento del Comercio Exterior boliviano”. Critica además que el país vecino asegura que se garantiza el funcionamiento de sus puntos fronterizos cuando hay tres mil camiones parados en la frontera Chile - Bolivia.

El gobierno boliviano “respeta y respalda el derecho de todos los trabajadores de reivindicar sus derechos y expresar libremente su descontento con el accionar de sus autoridades”, dice el comunicado y aclara que la denuncia de Bolivia es contra el gobierno chileno por faltar a sus compromisos de Estado a Estado y obstaculizar el comercio exterior boliviano privilegiando las políticas de privatización. Se mantiene que Chile reconoció que el 80% de la carga transportada por Arica es boliviana, lo que significa reconocer “las condiciones monopólicas del puerto”, sin permitir que Bolivia invierta en el mismo.

La Cancillería también aclara que no se ha aceptado el regimen de doble cabecera porque significaría que los funcionarios bolivianos tendrían que trasladarse a la localidad de Chungará, donde “no se ofrece las condiciones mínimas para trabajar”.  

El Ministerio llama al gobierno del vecino país “a concentrar su esfuerzos en atender las demandas de sus trabajadores… y evitar de esta forma que se concreten los nuevos anuncios de paros y huelgas en los próximos días”. Asimismo, en el comunicado Bolivia “responsabiliza” al gobierno chileno por las pérdidas económicas y exige “el inmediato resarcimiento por el enorme perjuicio al pueblo boliviano”.