La organización Freedoom House emitió su informe de la Libertad en el mundo 2016 (Freedoom un the World 2016) en el que Bolivia está en el bloque de países “parcialmente libres” con un puntaje de 68/100. En una escala del 1 al 7, siendo el mayor número el menos libre, el país obtuvo 3 en derechos políticos y 3 en libertades civiles.

El estudio destaca que los índices de libertad en el mundo han ido decreciendo en los últimos diez años, fruto de guerras civiles, xenofobia, autoritarismo. En el caso de Latinoamérica menciona la “intención de permanecer en el poder” de algunos mandatarios y los escándalos por corrupción.

El trabajo evalúa a 195 países de 15 territorios hasta el 2015. Además, establece que su metodología deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Busca analizar si los derechos y libertades son disfrutados por los individuos en el mundo, viendo no sólo a los gobiernos y su administración, sino también a otros actores de la sociedad.

BOLIVIA

El puntaje obtenido por Bolivia se basa en el análisis de los derechos políticos y las libertades civiles en el país. El país obtuvo su mejor puntaje en el análisis del proceso electoral y el menor en el imperio de la ley.

En el tema de Derechos Políticos, el país alcanzó un puntaje de 29 sobre 40 puntos. Este apartado incluye el proceso electoral, en el que obtuvo 11/12; la participación y pluralismo político, en la que se obtuvo 11/16; y el funcionamiento del gobierno, en el que se obtuvo 7/12 puntos.

En el primer aspecto, el informe señala la controversia por la posibilidad de que el Presidente pueda postularse a otra elección y las observaciones de la OEA en las últimas elecciones cuando un candidato a la gobernación del Beni fue deshabilitado a último minuto. En el segundo aspecto, se resalta que no hay influencia sobre los votantes en su opción política ni del ejercito ni de otros grupos y poderes y el reconocimiento de las 36 naciones indígenas; pero, también se menciona las denuncias de persecución de opositores, la corrupción en el Fondo Indígena y se señala que los pueblos indígenas “aunque están bien representados en el gobierno, los intereses de los grupos indígenas son a menudo pasados por alto por los políticos”. En cuanto al funcionamiento del gobierno, se menciona la corrupción en entidades gubernamentales, sectores económicos y cuerpos del orden. El informe menciona también las consideraciones que se tiene sobre del acceso a la información pública y las leyes retroactivas contra la corrupción.

En el apartado de Libertades civiles, el puntaje recibido es de 39/60. Este punto comprende cuatro aspectos. El primero son las libertades de expresión y credo, que obtiene un puntaje de 14/16; el informe reconoce que las libertades están garantizadas en la Constitución, pero señala que el Ministerio de Comunicación aún no ha implementado la regulación de los mismos. Además, menciona que algunos periodistas y medios pueden trabajar en un “ambiente hostil” y que la Asociación Nacional de la prensa haya manifestado que los seguros de vida para los trabajadores podrían afectar la viabilidad financiera de los medios y limitar la libertad de expresión. Además, el hecho de que el Vicepresidente haya hablado de retirar la ayuda financiera a medios que “mienten” o hacen política partidaria”. El documento resalta que las libertades de religión, académica y de decisiones privadas son irrestrictas.

El siguiente punto que toca es la libertad de asociación y organización, en el que Bolivia calificó 9/12. Remarca que éstas están legisladas en Bolivia, pero señala que muchas veces las protestas se vuelven violentas y las dispersiones de éstas también, como la represión en el caso del TIPNIS en 2012. Además, señala la normativa que establece que el Gobierno puede disolver y/o expulsar a ONGs.

El puntaje más bajo que obtiene el país es en el punto de imperio o gobierno de la ley, con 6 puntos sobre 16. Este apartado resalta que Bolivia haya sido el primer país en América Latina en tener un Tribunal Supremo elegido por voto, pero añade que este proceso tuvo problemas en el procedimiento y descontento de los votantes. Otro hecho que menciona el informe, es el de la Gral. Rosario Chávez, que el año pasado denunció casos de corrupción en promoción de oficiales y por ello fue degradada en su rango. El documento pondera la existencia de una norma contra el racismo y la discriminación, pero menciona como problemas la existencia de demasiados casos en las cortes, la sobrepoblación en las prisiones, la cantidad de prisioneros sin sentencia y el que aún no se estableció una jurisdicción para la aplicación de la justicia indígena.

El último punto es el referido a la Autonomía y los derechos individuales, en el que se logró 10 sobre 16 puntos. En este aspecto el informe comenta sobre el constante bloqueo de caminos y ciudades, sobre la persistencia de la discriminación, la falta de matrimonio del mismo sexo, la ley de trabajo infantil que permite a menores de edad ejercer laboralmente bajo la supervisión parental y el endurecimiento de las penas por abuso sexual. Además, menciona el acoso político hacia mujeres en cargos oficiales y la promulgación de dos decretos supremos; el DS. 2366 que establece un límite de 45 días para la consulta previa sobre actividades de hidrocarburos, y permite la subsecuente exploración incluso si los indígenas no participaron, y el DS 2366 que permite extracción de gas y petróleo en parques nacionales.