En las declaraciones finales que dieron los cinco imputados por el caso Zapata indicaron que la Fiscalía no habría logrado comprobar sus acusaciones y pidieron la presentación de más documentos.

Gabriela Zapata alegó que no se había demostrado el origen de los fondos, “si yo he sido corrupta, no me han demostrado de dónde, con quién o con qué autoridad”, alegó. Alegó que tampoco se habrían demostrado que el origen de su dinero haya provenido de actos ilícitos y señaló que fueron regalos de sus relaciones anteriores, de su trabajo en CAMC y de un divorcio pasado.

Por su parte, Cristina Choque indicó que después de que el 22 de febrero del año pasado le pidieron que presente un informe para el inicio de un proceso administrativo, junto a su abogada habría presentado memoriales que nunca fueron respondidos y que fueron presentados como pruebas por su defensa.

El empresario Carlo Marvin Ramírez pidió que se presente como pruebas los libros de ingreso y salida de la Unidad de Gestión Social, pues sólo se habían presentado los libros digitales. Y Ricardo Alegría calificó su acusación de una “injusticia total” de carácter político mediático, y que su único delito fue aceptar hacer un muro perimetral para Zapata.

El chófer Jimmy Morales, así como Choque previamente, indicaron en su defensa que sólo cumplían órdenes de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de la Presidencia, en ese entonces Juan Ramón Quintana.

Finamente, la defensa de Walter Zuleta, juzgado en rebeldía, pidió que se lo absolviera pues no existen pruebas para su acusación.

ARGUMENTACIÓN DE LA FISCALÍA

El fiscal Daniel Ayala expuso que  la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas fue probado en base a los millonarios depósitos en las cuentas de Zapata y los pagos en efectivo que realizó la acusada para comprar bienes inmuebles, autos y empresas, entre otras propiedades.

También se refirió a la acusación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y comprobó que Zapata falsificó el Título en Provisión Nacional de la Universidad Mayor de San Andrés para figurar como abogada en su cédula de identidad.

El fiscal argumentó que los acusados cometieron el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, al sostener reuniones en oficinas de Gestión Social, e incluso trasladarse en movilidades de esa unidad estatal.