“¡Autonomía!, ¡autonomía!”, coreaban las voces en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz mientras el gobernador Rubén Costas firmaba el documento de promulgación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental el pasado lunes 29 de enero.

Costas recordó la lucha por la autonomía departamental desde hace más de 14 años y señaló que éstas lograron que la autonomía sea legalizada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

“Nunca quisimos la autonomía solo para nosotros queríamos que todos los departamentos de Bolivia fueran autonómicos”, resaltó el gobernador cruceño. Enfatizó en la autonomía como parte de la democracia, en la posibilidad de elegir a las autoridades departamentales y en los diferentes referendos que se realizó en Santa Cruz donde siempre ganó el voto por la autonomía con altos porcentajes. “Tuvimos que esperar a la conformación de una amplia mayoría indígena y demócrata que finalmente allanó el camino del Estatuto”, recalcó, recordando la última parte del proceso de construcción del Estatuto.

Reconoció que se tuvo que adecuar el primer Estatuto autonómico a la nueva CPE. Pero advirtió que el nuevo Estatuto conserva su espíritu basándose en cuatro elementos: que no simplemente se enuncian las competencias, sino que se establece un desarrollo mínimo de las mismas para enfocar el camino del departamento; que se establece que el gobierno autónomo puede solicitar la asignación de competencias no listadas en la constitución, señalando dentro de éstas la administración de la justicia. Además, se incorpora el Pacto Fiscal como una de las principales fuentes para generar recursos y, finalmente, centra su atención en el reconocimiento y ejercicio de los derechos; “es, en todo su contenido, un Estatuto de los ciudadanos”, señaló.

Concluyó señalando que hacia adelante queda “el reto de construir un modelo de autonomía financiera”, basado en la descentralización económica y en federalizar el modelo autonómico boliviano. Para esto la garantía es el Pacto Fiscal con un nuevo modelo de redistribución de recursos.