José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó que la Sala Penal de esta instancia recibió la denuncia presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) contra el expresidente Carlos Mesa y algunos de sus exministros, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa Quiborax SA.

“La Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que supone la canalización a través del Ministerio Público presentando la proposición acusatoria a la Sala Penal del TSJ, para que se emita el juicio de admisibilidad correspondiente”, informó Revilla.

Revilla explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es la instancia que debe autorizar la apertura de juicio de responsabilidades contra el exmandatario, por ello ese proceso se encuentra en una etapa inicial.

Aclaró que la Sala Penal del TSJ debe analizar los antecedentes fácticos y la subsunción legal de ese proceso. Aseguró que en los actos iniciales de investigación el TSJ cumplirá con los plazos procesales correspondientes y recordó que el proceso fue presentado el 23 de mayo.

Explicó que a partir de esa fecha corren los plazos procesales para que el Ministerio Público indague y comience a tomar las declaraciones de los involucrados, entre ellos Mesa y sus colaboradores.

El gobierno boliviano mantenía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una demanda de anulación contra el Laudo arbitral del 16 de septiembre de 2015, que concedía a la empresa chilena Quiborax S.A. una indemnización millonaria por haberse ejecutado una expropiación ilegal. La institución ligada al Banco Mundial, desestimó la petición del Estado boliviano que tendrá que pagarle US$48 millones.

La PGE presentó la denuncia contra Mesa y sus exministros luego de perder un laudo arbitral,  acusa al expresidente (2003-2005) de haber promulgado la ley 2564 del 9 de diciembre de 2003, que recuperó la Reserva Fiscal de la totalidad de la costra salina del Salar de Uyuni y que había sido reducida arbitrariamente en 1998 por la Ley 1854, conocida también como la Ley Valda.