Tras un debate de casi 10 horas y aplicando la moción de “suficiente discusión”, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe referido al caso Lava Jato en Bolivia – emitido por la Comisión Mixta que investigó el tema- que recomienda, entre otros puntos, que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del expresidente y candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa.

El informe aprobado por la Asamblea dispone en su punto tres “remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue los movimientos económicos inusuales y se inicien las acciones que corresponde” en contra de Mesa y otras ocho personas. Entre ellas su abogado y exministro Carlos Alarcón.

Además, dispone que la ALP presente una denuncia en la Fiscalía en contra del exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, de los exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC), Jorge Peredo Flores y Luis Humberto Landivar; y del también ex ministro - durante la gestión de Edurado Rodríguez Veltzé- Mario Avelino Moreno.

En esa misma línea, el informe aprobado por la Asamblea dispone recomendar al Ministerio Público que “profundice la investigación y active la investigación internacional en el marco de sus competencias” para dar con el fondo de este caso.

Cabe recordar que el informe, al que tuvo acceso el portal digital Oxígeno.bo y que sufrió pequeñas modificaciones hoy, señala que hay “suficientes indicios” para asegurar que la empresa Camargo Correa sobornó al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y al exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Además, señala que también hay indicios para suponer que Odebrecht pagó sobornos al exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landivar. Por otro lado, incluye a Carlos Mesa – más otras ocho exautoridades- en una lista de personas a las que se les detectó “movimientos inusuales o sospechosos de dinero”.

Además, detalla una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.