Autoridades del Gobierno nacional se reunieron con autoridades municipales de Roboré que solicitaban la protección de las 24.000 hectáreas de la reserva forestal Paquió y Tucabaca; el gobierno se comprometió a realizar la fiscalización del asentamiento de la comunidad Túpac Amaru en los próximos 30 días. Los pobladores rechazaron el acuerdo.

La reunión comenzó el miércoles y se prolongó hasta la madrugada del jueves, el diálogo fue posible después de que los pobladores de la Chiquitanía  asumieron medidas de presión como el bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Puerto Quijarro, la Policía abrió la ruta usando agentes químicos y la respuesta de los pobladores fue quemar el puesto policial del municipio.

El conflicto se refiere a la autorización que recibió la comunidad campesina agropecuaria Túpac Amaru para el asentamiento en tierras que la comunidad de Roboré considera tierras protegidas.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, explicó que la concesión "será objeto de una evaluación técnico legal” para determinar si las tierras concedidas se encuentran en la reserva ecológica.

"Mediante inspección in situ, que se realizará el viernes 16 de noviembre y tomará un tiempo de 30 días calendario (...), se establecerá si la misma se encuentra dentro del área de reserva ecológica Paquió", dijo a los periodistas el ministro Cocarico,

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue quien posibilitó la reunión con los alcaldes de Roboré, San José y San Ignacio, también estuvieron presentes los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

"El INRA se compromete a realizar, en coordinación con las autoridades de Roboré, una auditoría técnico legal para los asentamientos que comprenden todo el municipio de Roboré”, aseguró Romero.

Aunque el ministro de Gobierno, adelantó que la comunidad Túpac Amaru está ubicado fuera de Tucabaca; además desmintió que esté en riesgo el equilibrio del ecosistema.

El alcalde de Roboré, Iván Quezada, expresó que el acuerdo no es ideal, pero que es lo mejor que se pudo conseguir; además dio las garantías necesarias para que personal técnico del INRA pueda realizar la inspección.

“No ha sido el acuerdo ideal, pero ha sido el acuerdo posible, y es beneficioso para mi pueblo porque podemos garantizar que en nuestras áreas protegidas no habrá autorizaciones de asentamientos en este valle y se respetarán estás áreas protegidas”, afirmó el alcalde.

Mientras tanto los residentes de Roboré rechazaron el acuerdo con el Gobierno y pidieron el desalojo inmediato de los asentamientos. Eder Santibáñez, vicepresidente de los residentes de Roboré, afirmó que no se cumplió el pedido más importante y que se trata de una maniobra para desmovilizar a la gente.

“La exigencia era la anulación de las concesiones dentro de la reserva, y eso en ninguna parte del documento está, es más, en el documento no habla de la anulación, sino de una revisión que se va hacer y va a llevar 30 días para que se haga la revisión”, aseveró.