El canciller de Ecuador, José Valencia, informó que se remitió el lunes a la Cancillería de Bolivia una nota que contiene en sus anexos los documentos judiciales que evidencian la situación judicial del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y la ex asambleísta Sofía Espín, quienes solicitaron asilo político en el país.

“Ambos son buscados por la Justicia ecuatoriana debido a infracciones comunes y, por tanto, no hay ningún tipo de consideración política al respecto”, dijo Valencia respecto a la posibilidad de que en Bolivia se esté considerando darles asilo político.

Durante una audiencia, el 24 de enero pasado, Ochoa quedó oficialmente procesado por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. La Fiscalía lo acusa de haber sancionado a medios de comunicación con la Ley de Comunicación adulterada.

Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, ordenó ese día prisión preventiva para el exfuncionario, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Además, solicitó la difusión de una alerta roja en la Policía Internacional (Interpol).

Espín, en cambio, tenía orden de prisión preventiva desde el 23 de enero pasado, luego de incumplir en dos ocasiones las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país. Ella fue destituida de la Asamblea el 13 de noviembre de 2018 y es investigada por oferta de tráfico de influencias a una exagente, a la que le habría ofrecido asilo en Bélgica si se retractaba de su testimonio contra el expresidente Rafael Correa, procesado en el caso Balda.

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