El pleno de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó, la tarde de este jueves, la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento a la lucha contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y lo remitió al Senado para su aprobación.

Los datos detallan que la propuesta tiene por objetivo reencausar la justicia en el país por medio de la pronta y oportuna resolución de procesos penales, reducir el abuso de la detención preventiva, profundizar la oralidad y brindar protección especial a las víctimas de violencia.

“Básicamente es una modificación al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, a la Ley del Ministerio Público y a la Ley 348 (Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), esta ley está modificando esos cuerpos normativos”, explicó días antes el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

La Ley contiene 17 artículos, cuatro disposiciones adicionales, 18 disposiciones transitorias, ocho disposiciones finales y siete disposiciones abrogatorias y derogatorias. Busca, entre otras cosas, reducir los casos de detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles del país.

“Estimamos que de 13 mil detenidos con esa figura, más o menos la mitad se verá beneficiada", aseveró Borda, al salir de la sesión que aprobó la norma.

Por otro lado, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, señaló que con la Ley “no habrá homologación en certificados médicos y sí medidas de protección, resolución de divorcio, asistencia familiar y custodia”.

Asimismo, la Ley dispone que el mínimo legal de las penas por homicidio se elevará de cinco a 10 años, mientras que la condena en casos de víctimas menores entre 14 y 18 años de edad será 14 a 25 años.

El Presidente de la Cámara de Diputados expresó que espera que la Ley se ponga en marcha en agosto, una vez sea aprobada por el Senado y promulgada por el Ejecutivo.