Wilson Santa María y Rafael Quispe, diputados de Unidad Demócrata (UD), presentaron su declaración ante el Ministerio Público de La Paz y ratificaron la denuncia la dirigencia de la Federación 1º de Mayo por haber recibido el dinero recaudado en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto en sus cuentas privadas.

“Ratificamos nuestra denuncia y pedimos que se acelere las investigaciones, el caso de los choferes se presentó el 15 de febrero ya estamos en abril, y no avanza”, dijo Quispe al salir de la Fiscalía.

Para el diputado, el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que investiga las cuentas de los representantes de la Federación de Choferes 1º de Mayo, será una “prueba contundente” en el caso.

“Hemos pedido celeridad y que sean convocados los miembros de Vías Bolivia y los dirigentes que sean embolsillado la plata que estaba destinado a Prosalud de los choferes”, agregó.

Por su parte, Santamaría calificó de “inaudito” que la Fiscalía haya citado a declarar a los denunciantes antes que a los denunciados. La denuncia contra los dirigentes es por los delitos de apropiación indebida de recursos, malversación, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Entre los denunciados están Ismael Fernández, actual ejecutivo nacional de los choferes, además de Rubén Sánchez y Mario Silva, actuales dirigentes de la federación de La Paz. 

La denuncia surge a propósito de los depósitos millonarios que hace Vías Bolivia a cuentas de los dirigentes de la Federación Departamental 1º de Mayo, por concepto de un aporte de 20 centavos que se cobra a transportistas que pasan por el peaje de la autopista.

Los opositores consideran que, al ser cobrado por una entidad pública, ese dinero es del Estado y no puede ser transferido a personas particulares.