Después de que Hubert Gil, uno de los implicados en el robo millonario que sufrió la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), declarara que los recursos obtenidos ilegalmente en el programa “Cotas en cuotas” se usaron para financiar el movimiento de campaña por el 21-F, las autoridades nacionales salieron al frente para referirse y criticar el hecho.

El primer en pronunciarse fue el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien denunció este viernes que el dinero desfalcado a Cotas, a través de solicitudes ficticias de equipos electrónicos, llegaría a 100 millones de dólares y que fue usado de manera política por los opositores, en referencia a la campaña por el 21-F.

“Lo que más me preocupa que es el robo a los cruceños. Tengo información que se está hablando de una cantidad de $100 millones de dólares, no siete (…). Mal manejo y uso político de ese dinero, doble error, doble delito, pero el cruceño (…) merece una explicación ¿quién le robó los $us 100 millones? que podían ir para mejorar el servicio y no para que se quede en manos de un pequeño grupo de pícaros que han vivido a costa de esta institución tan importante de la cruceñidad”, afirmó García en rueda de prensa, según la ANF.

Las palabras de García Linera contradicen lo señalado en los resultados de la auditoría realizada a la cooperativa que establecieron un daño económico de poco más de 7 millones de dólares, según los datos del director de Comunicación de Cotas, Delmar Méndez.

Empero, García Linera no fue el único en referirse al tema. Y es que el ministro de Justicia, Héctor Arce, también criticó el hecho y señaló que pedirá una investigación profunda del caso.

"Vamos a pedir, vamos a exhortar que se haga una investigación hasta las últimas consecuencias (...), la investigación está en manos del Ministerio Público nosotros no tenemos mayor participación, pero de comprobarse los hechos serian extremadamente graves", dijo.

Arce aclaró que el Gobierno no tiene ningún afán político detrás de ese tema y menos tiene la intención de intervenir Cotas, sin embargo estará expectante para que se esclarezca el robo millonario en esa entidad.

Adelantó que de comprobarse que esos recursos fueron desviados para costear movilizaciones políticas y vandálicas, se constituirían en delitos de extrema gravedad que refieren a acciones contra el Estado, que fue afectado con el ataque y la destrucción de sus dependencias.