Fiscalía
César Sánchez
13/06/2019 - 09:56

Caso Petrocontratos: la Fiscalía pide rechazar la denuncia contra representantes de Petrobras

El Ministerio Público justificó su deciisón señalando que no existen pruebas que demuestren que los ejecutivos de Petrobras generaron un daño económico al Estado.

La Fiscalía señala que no se demostró que los contratos firmados haya ocasionado un daño económico al Estado.

El Ministerio Público pidió a la jueza de Instrucción Anticorrupción y violencia contra la mujer Tercero de La Paz rechazar la denuncia interpuesta en contra de los representantes de la brasileña Petrobras por el sonado caso conocido como “Petrocontratos”.

Según el documento que presenta el requerimiento conclusivo de rechazo de denuncia, el Ministerio Públicos señala que tras valorar todos los elementos presentes en el cuaderno de investigación y al tenor del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, relacionado a la verdad material de los hechos, “se llega a la conclusión que en el presente caso concreto no existen suficientes indicios y elementos de convicción que permitan fundar una imputación formal y menos sostener la misma en un juicio oral y público contra Gerson José Faria Fernández, Decio Fabricio Odoneda Costa y Carlos Eduardo Sandenberg”.

Asimismo, en su resolución la Fiscalía señala que no existe un informe de auditoría que demuestre que los contratos firmados por estas tres personas haya ocasionado un daño económico al Estado.

En 2005, el ahora presidente Evo Morales, cuando todavía era legislador, inició el proceso penal por los petrocontratos en contra de los expresidentes que firmaron contratos con firmas extranjeras: Gonzalo Sánchez de Lozada, que aún es procesado en ausencia; Jorge Quiroga y Carlos Mesa, que fueron excluidos en dos momentos distintos.

Además, se querelló contra los ejecutivos de las firmas extranjeras. El fiscal general que ejercía el cargo en 2011, Ramiro Guerrero, dividió el caso. Una parte, la que estaba destinada contra los expresidentes, se quedó en Sucre. La otra, contra los ejecutivos, radicó en La Paz y se procesó por el delito de contratos lesivos al Estado.

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