La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió hoy un comunicado en el que pide que la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano sea “integral, pactada y vinculante” para que pueda “sentar las bases para un acuerdo y colaborar a la pacificación del país”.

Para la Iglesia, si la auditoria es integral, “tendrá en cuenta todas las etapas del proceso electoral y no sólo el recuento final de los votos”; si es pactada, “reconocerá las observaciones y condiciones de todos los involucrados en el proceso”; y si es vinculante, “todos se comprometen a acatar los resultados y, junto a ellos, las acciones necesarias para restablecer la justicia, si se demuestra que fue vulnerada”.

“Como Iglesia Católica en Bolivia exigimos escuchar el clamor del pueblo y respetar la voluntad popular, para preservar la democracia, único sistema de convivencia que garantiza la libertad, el bien común y el progreso de una nación. En esa línea, pensamos que la única salida adecuada, coherente y democrática es el diálogo sincero, humilde y transparente. Un diálogo que debe basarse en la transparencia y en la verdad”, añade el comunicado de la CEB.

Asimismo, la Conferencia Episcopal también lamentó las muertes registradas ayer en Montero – tras enfrentamientos entre masistas y cívicos- y condenó toda forma de violencia en el país.

“Condenamos enérgicamente toda forma de violencia. Es responsabilidad de las autoridades preservar la paz y, de todos, manifestar las demandas en forma pacífica. Por lo tanto, hacemos un llamado vehemente a autoridades y ciudadanos a deponer actitudes de agresión y a apostar por formas pacíficas de expresión y protesta”, señala.

De la misma manera, la CEB también rechazó enfáticamente “las amenazas y acciones que han desplegado autoridades y otros representantes nacionales en los últimos días”.

“La convocatoria a cercar ciudades, cortar el suministro de agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el enfrentamiento entre el campo y la ciudad, son inaceptables y carecen de sensatez y responsabilidad Asimismo, la organización y despliegue de grupos de choque, acrecientan la violencia en las calles de nuestras ciudades y merecen el repudio general, por constituirse en expresión de intolerancia e inseguridad para la población”, añade el comunicado.

Varias ciudades del país acatan un paro cívico indefinido en rechazo a los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre.

Los resultados de los comicios dieron el triunfo al Movimiento al Socialismo (MAS) en primera vuelta. No obstante, ante diversas denuncias de fraude, el Gobierno – a través de la Cancillería- solicitó a la OEA realizar una auditoría del proceso electoral boliviano.

La OEA aceptó tal pedido y envió un equipo de 30 personas para realizar la auditoría. Según lo anunciado, presentará los resultados en un plazo máximo de 12 días y el Gobierno aseguró que los resultados de ese proceso serán vinculantes.