El comisionado y relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, aseguró, en entrevista con Radio Francia Internacional, que el decreto que exime de responsabilidad penal a los militares boliviano que actúen en las operaciones anti protesta, no respeta el derecho internacional e incita a la represión violenta.

El sábado, el Gobierno nacional emitió un Decreto Supremo en el que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública  cuando “en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Para Eguiguren, decretos de este tipo son “irresponsables”. “Es una declaración irresponsable que si lo que quiere es decir a las fuerzas de seguridad : 'intervengan nomás que de nuestro lado no va a haber ningún tipo de control o sanción', eso es un incentivo a un actuar desproporcionado y los propios integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad tienen que ser conscientes de que su actuar debe ser profesional y prudente”, dijo.

“Porque si bien cuando hay una alteración del orden público, las fuerzas armadas y la policía, pueden contribuir a restablecer ese orden, obviamente el accionar de las fuerzas de seguridad del estado está sometido, a nivel internacional de los derechos humanos, al respeto de la proporcionalidad, la vida de las personas y el uso razonable de la fuerza. Cualquier ofrecimiento anticipado de digamos 'impunidad' o de que el Estado no investigará ni sancionará, sin duda es un incentivo a que no se respeten estos derechos. Es casi equivalente a las auto amnistías y completamente cuestionable, porque no es aceptable desde el punto de vista internacional", acotó.

En ese sentido, Eguiguren señaló que “no se puede descartar” que hay protestas que exceden los límites de lo razonable, pero señaló que ello no justifica que se garantice a las FFAA que nada de lo que hagan será objeto de penalidad o responsabilidad y se deberá analizar el uso proporcional de la fuerza en cada situación.

“Yo me imagino que políticamente, más allá de que el gobierno impulse este decreto, hay un punto de fondo; la propia policía y fuerzas armadas deben tener en cuenta que si su deseo, como señaló en su momento es no reprimir al pueblo, esta situación no tiene por qué cambiar. Es decir, tiene que haber un uso muy prudente, fino, adecuado  y proporcional en cada caso concreto”, dijo.

“La experiencia histórica nos ha enseñado en muchos países que, superadas estas coyunturas, precisamente cuando se restablece un orden democrático y constitucional; se investiga y sanciona a los responsables de las violaciones a los derechos. Las fuerzas de seguridad deben ser conscientes de que su actuar debe ser profesional y prudente", agregó.