El Gobierno nacional, a través de un comunicado de la Cancillería, aclaró hoy que el Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión en el país y tampoco da “carta blanca” a que las Fuerzas Armadas actúen por encima de los límites legales establecidos en la legislación boliviana.

Así, la Cancillería respondió a las observaciones que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al mencionado decreto, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando “en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

“El gobierno de transición tiene como principal labor garantizar la realización de elecciones generales libres y transparentes, a la brevedad posible, en un ambiente de paz social, con plena libertad de expresión y sin coartar el derecho a la protesta, siempre y cuando éstas sean pacíficas y no atenten contra la vida y la propiedad. En el cumplimiento de esta labor, el gobierno no olvida sus obligaciones internacionales con la protección de los Derechos Humanos, y reafirma su compromiso con el respeto pleno de los mismos”, señala el comunicado emitido por la Cancillería.

En ese sentido, el Gobierno señala que las leyes del Estado, a través del Código Penal, establecen la exención de responsabilidades penales cuando exista uso de legítima defensa o estado de necesidad. Port lo que “el Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión, sino solamente replica las exenciones contenidas en la ley, para situaciones en las que el personal de las FFAA actúe en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, todo ello en el marco de respeto de los Derechos Humanos”.

Asimismo, se recuerda que las FFAA empezaron a actuar a pedido expreso de la Policía Boliviana y su accionar tiene el objetivo de “preservar la integridad de las bolivianas y bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo” en el país.

“Las FFAA no tienen carta blanca para actuar más allá de los límites legales establecidos en la legislación boliviana, incluyendo el Decreto Supremo 4078, y por tanto deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos”, acota el escrito

El comunicado de la Cancillería llega horas después de que la CIDH anunciara que enviará un equipo de trabajo a Bolivia para “observar la situación de derechos humanos en el país”.

La comisión enviada por la CIDH estará en el país desde el 22 hasta el 25 de noviembre y estará encabezada por Paulo Abrao, secretario ejecutivo de ese organismo internacional, y contará con el apoyo de un equipo del personal de la Secretaría Ejecutiva.

Según el comunicado de la CIDH, se realizará esta visita en el marco de una invitación que el Gobierno boliviano le hizo el pasado 12 de noviembre en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).