En su Informe Mundial 2020, Human Rights Watch (HRW) cuestiona la forma en la que se dio la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y califica de “controvertida” la manera en la que asumió el poder la actual presidenta Jeanine Añez.

HRW, en ese sentido, hace especial énfasis en que la renuncia de Morales se dio, entre otras causas, después de que las Fuerzas Armadas le sugiriera dejar el cargo.

“El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a su cargo el 10 de noviembre luego de que se iniciaran protestas sociales multitudinarias, se publicara un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señalaba una “manipulación dolosa” del sistema de votación durante la elección presidencial de octubre, y el jefe de las Fuerzas Armadas del país le pidiera la renuncia”, señala el informe.

A ello se suma que el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que en Bolivia “técnicamente” hubo un golpe de Estado.

“El hecho de que haya renunciado al poder, pero renunciando porque se lo sugiere el jefe de las fuerzas militares es absolutamente inadmisible, eso es un golpe de Estado técnicamente, ahí no hay que perderse”, sostuvo en una entrevista con CNN la semana pasada.

En esa línea, en su informe, HRW señala que la asunción de Añez como Presidenta de Bolivia fue controvertida, a pesar de que fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“El 13 de noviembre, Jeanine Áñez, vicepresidenta segunda del Senado y oponente política de Morales, asumió como presidenta interina en una acción sumamente controvertida que contó con el apoyo del Tribunal Constitucional”, señala el informe.

Asimismo, advierte que por algunas reformas judiciales el Estado de derecho en Bolivia estaría en riesgo.

“La administración de Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos y promovió reformas judiciales que suponen una amenaza al estado de derecho en el país. Tras asumir el cargo, la Presidenta Áñez anunció y adoptó algunas medidas contrarias a estándares fundamentales de derechos humanos, incluido un decreto que eximirá a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios. El decreto luego fue derogado”, señala.

“Otras problemáticas graves son la violencia contra las mujeres, violaciones a garantías de debido proceso de los detenidos, el trabajo infantil y la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos”, agrega.

Puedes leer el informe completo de Human Rights Watch haciendo click aquí.