La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación respecto al Decreto Supremo 4200 promulgado por el Gobierno para la lucha contra el coronavirus.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el organismo internacional cuestionó que el decreto sanciona penalmente la desinformación o el “incitar a delitos contra la salud”, hecho que califica como una figura “amplia y vaga”que amenaza la información periodística.

“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH  expresa grave preocupación por aprobación de decreto en Bolivia que sanciona con prisión “desinformar” o “incitar a delitos contra la salud” para enfrentar el COVIDー19. Es una figura amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística”, señala.

El organismo, en ese sentido, pide al Gobierno dejar sin efecto el mencionado Decreto.

“La norma no cumple con principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH  reitera que además es desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público. Llamamos al gobierno de Bolivia a dejar sin efecto” (sic), añade el mensaje.

Cabe recordar que hace pocos días, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) denunció que el DS 4200 atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que desmiente a HRW y afirma que el Decreto Supremo 4200 no amenaza la libertad de expresión en el país.

Según la Procuraduría, se realizó un “análisis jurídico minucioso” a las observaciones que había denunciado la HRW y concluyó que el Decreto 4200, especialmente en su artículo 13, “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos”.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.