La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, convocó, la mañana del lunes, a cinco ministerios a una reunión para empezar a coordinar y trabajar en el cumplimiento del fallo judicial que dispone el traslado de bolivianos varados en el país a sus respectivos lugares de origen.

Según un comunicado de la Defensoría, la reunión sería llevada a cabo este lunes a las 14:00 en oficinas de esa institución. La convocatoria fue realizada a los ministerios de la Presidencia, Defensa, Obras Públicas, Salud y Gobierno.

“Se convocó a una reunión para hoy, a las 14:00, con notas formales y e-mail a los ministerios de la Presidencia, Defensa, Obras Públicas, Salud y Gobierno y del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, para coordinar el retorno de bolivianos varados a sus lugares de origen”, señala el comunicado de la Defensoría.

No obstante, la instancia defensorial lamentó que el Ministerio de la Presidencia “se negara a la recepción de la convocatoria”.

El fin de semana, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dispuso que “por razones de urgencia y pertinencia”, las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país, por la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus, puedan retornar a sus hogares.

El fallo constitucional ordena que “de forma inmediata el nivel central del estado, representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”.

Asimismo, el fallo señala que la Defensoría del Pueblo “coopere con el Ejecutivo para la materialización del primer punto de esta Resolución” y que el Gobierno garantice “el traslado que corresponde en función a los protocolos de salud que sean necesarios, evaluando la pertinencia y urgencia de cada caso”.

El Gobierno, al respecto, señaló que está dispuesto a coordinar con la Defensoría, como establece el fallo, pero siempre velando por el bienestar de la población en general.

"Generar una movilización de 470 personas en el país es poner en riesgo a la población y eso va a ser responsabilidad de la Defensoría del Pueblo que pretende jugar con la salud de 11 millones de bolivianos. Las medidas que hemos tomado como Gobierno nacional han sido consultadas con los organismos internacionales en materia de salud pública", complementó.

Asimismo cuestionó que la fundamentación de la Defensoría del Pueblo tenga el objetivo de trasladar a personas pero no proporcione datos fundamentales como su número de cédula de identidad o su ubicación geográfica.

 "La Defensoría del Pueblo falta a la verdad, el memorial presentado con un listado de alrededor de 470 personas no establece la ubicación de esos ciudadanos que supuestamente hubieran sido perjudicados", señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien señaló que esa falta de coordinación tiene una "intencionalidad más política".