Aministía Internacional emitió un comunicado en el que pide al ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aclarar los motivos por los que 67 personas – calificadas como “actores políticos”- fueron procesadas en los últimos días, presuntamente bajo acusaciones de “desestabilización” y “desinformación” durante la etapa de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

“Amnistía Internacional expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el 15 de abril de este año sobre la aprehensión y el procesamiento penal de “67 actores políticos” acusados de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual”, 37 de los cuales ya habrían recibido sentencias condenatorias a través de “procesos abreviados”, señala el comunicado de esa organización.

El pasado miércoles, Murillo señaló que mediante un “patrullaje cibernético” se identificó y aprehendió a 67 “actores políticos” que promovían movimientos de desinformación en las redes. Además, afirmó que para 37 de los aprehendidos ya se dictó una condena por atentar contra la salud.

Al respecto, Aministía Internacional solicitó que el Ministro de Gobierno clarifique públicamente si los procesos penales en contra de estas 67 personas tienen como base legal el Decreto 4200, aprobado por el Gobierno ante la emergencia del coronavirus.

Asimismo, pide que se aclare los hechos y tipos penales que se atribuye a las personas procesadas y las circunstancias de sus detenciones.

“Amnistía Internacional considera que dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”; el lenguaje utilizado por el ministro de Gobierno podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, señala la Organización.

Además, la organización revela que el pasado 8 de abril pidió al Gobierno de Bolivia derogar el artículo 13 del Decreto Supremo 4200 por “violar el derecho a la libertad de expresión, al establecer que serán procesados por delitos contra la salud pública quienes desinformen o generen incertidumbre a la población, sin especificar los actos que serán calificados así”.

Cabe recordar que en pasadas semanas la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) también cuestionaron el mencionado decreto boliviano y pidieron su eliminación.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado respondió a ambas instituciones y aseguró que la mencionada Ley va acorde a la Constitución, a convenios internacionales de derechos humanos y no viola la libertad de expresión en el país.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.