La Fiscalía Departamental de La Paz no descarta solicitar la detención preventiva del director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, acusado por delitos contra la salud pública por haber roto la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Entrevistado por el periódico Bolivia, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, señaló que “dependerá de la gravedad del hecho cometido” el pedir o no la detención preventiva de la autoridad.

Según un video que circuló en redes sociales, Quispe, en plena cuarentena, se reunió con más de un centenar de pobladores de San Pedro de Curahuara de Carangas, en el altiplano paceño, a quienes les habría informado sobre las consecuencias de la pandemia y el pago de los bonos por parte del Gobierno.

“Participó en una reunión, en la que había más de 100 personas, y habló sobre proyectos y el Covid-19, pero en sus atribuciones no está el informar sobre el coronavirus porque no es ministro (…) Dependerá de la gravedad del hecho si corresponde o no la aprehensión”, indicó la autoridad al medio estatal.

Quispe deberá presentarse a declarar el próximo 24 de abril. Sin embargo, su abogado, el exministro Jerjes Justiniano, señaló que la fecha podría ser modificada debido a que él, como su defensa, no podrá trasladarse a La Paz a causa de la cuarentena.

Además, Justiniano observó que, supuestamente, la Fiscalía de La Paz no tiene competencia para hacerse cargo del proceso porque los hechos fueron en una población distinta.

“Quispe presentó un memorial y señaló que su domicilio está en la zona de Miraflores, pero la competencia de un fiscal se da en el lugar donde resida el investigado, entonces el mismo señor Quispe nos otorgó la competencia para ser investigado”, manifestó el Fiscal Departamental al respecto.

Asimismo, Cossío informó que a pesar que el Ministerio Público inició la investigación de oficio, varios pobladores de San Pedro de Curahuara de Carangas dijeron que se adherirán a la denuncia, por ello pidieron ser citados como testigos.

Producto del hecho, cabe recordar, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que Quispe debería renunciar al cargo. El Director del FDI respondió que no cometió ningún delito y aseveró que solo la presidenta Jeanine Áñez puede despedirlo o ratificarlo.