Respiradores
César Sánchez
21/05/2020 - 10:36

IME Consulting amenaza con demandar a Bolivia por incumplimiento de contrato y no enviar el equipo restante

Ayer, la presidenta del Estado boliviano, Jeanine Añez, informó que el polémico contrato por la compra de los respiradores españoles es de $us 4.773.600 millones, de los cuales, el Estado pagó 2.028.780 dólares e instruyó que “no se pague un centavo más”.

La empresa española IME Consulting, que procedió a la venta de 170 respiradores para Bolivia, rompió el silencio y amenazó con demandar al Estado boliviano por incumplimiento de contrato en caso de que el país no termine de pagar la deuda adquirida con la empresa.

En contacto con Europa Press, representantes de IME Consulting señalaron que ya se pusieron en contacto con el Ministerio de Justicia de Bolivia “para enviar la documentación sobre el pedido” de los respiradores y amenazaron también con no entregar al país las baterías y accesorios que faltan a los equipos, si es que no se cancela la deuda.

Cabe recordar que los respiradores que llegaron al país son del modelo básico y requieren accesorios y una actualización del software para pasar a ser del modelo “avanzado”, que es el que se requeriría para su uso en terapia intensiva.

Ayer, la presidenta del Estado boliviano, Jeanine Añez, informó que el polémico contrato por la compra de los respiradores españoles es de $us 4.773.600 millones, de los cuales, el Estado pagó 2.028.780 dólares e instruyó que “no se pague un centavo más”.

Según IME Consulting, empero, el contrato incluye el transporte de los respiradores, “que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) reclamaba con mucha urgencia”, la actualización del software, los carritos de soporte de los respiradores, baterías y el contrato de mantenimiento durante dos años.

Así, IME Consulting afirma que solo el transporte asciende a 235.000 euros ,de los que el Gobierno boliviano asume 185.000. Así, la empresa afirma que, de un contrato de 4,4 millones de euros, su margen es de unos 800.000 euros, pero que es posible que tenga que hacer frente a gastos en los próximos dos años.

Consultado al respecto, el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Címbra, señaló que el Estado tendrá que “sentarse a negociar” con la empresa y ratificó que no pagará ningún sobreprecio en el contrato que se firmó con la empresa.

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