Tras la polémica desatada por la supuesta compra con millonario sobreprecio de pruebas de Covid-19, el Ministerio de Salud anunció que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) suspenderá el proceso de adjudicación.

“Con el propósito de no dejar ninguna duda sobre la transparencia del proceso, Aisem me ha transmitido su decisión de dejar en suspenso temporalmente la compra de reactivos, para realizar una evaluación detallada de toda la documentación correspondiente”, señaló el Ministerio de Salud a través de una nota de prensa.

La polémica surgió después de que el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció este viernes, al portal Brújula Digital, que autoridades del gobierno boliviano adjudicaron la compra de 672.000 tests PCR para coronavirus por un monto de 25 millones de bolivianos más que el ofrecido por un laboratorio uruguayo.

ATGen, de Uruguay, pedía por las pruebas para Covid-19 el monto de 22,8 millones de bolivianos, mientras que la que se adjudicó el contrato, la empresa Lasa Holdings, demandó 47,3 millones de bolivianos.

El hecho generó varias repercusiones, sobre todo a quienes consideran que se trata de un nuevo acto de corrupción de parte del Gobierno, después de la compra con sobreprecio de 170 ventiladores en meses pasados.

Al respecto, la ministra de Salud, Eidy Roca, manifestó que “preliminarmente” se observa que la Empresa ATGen no habría cumplido con uno de los requisitos básicos de la convocatoria, la cual se refiere a la certificación internacional, ya sea de la FDA estadounidense o de la Comunidad Europea.

No obstante, señaló que la suspensión del contrato con la otra empresa es para verificar “si efectivamente hubo alguna irregularidad” en el proceso de adjudicación o “si la denuncia carece de fundamento”.

Esta mañana, la Aisem señaló que no adquirió los reactivos de pruebas PCR, para coronavirus, que ofertaba una empresa de Uruguay porque no contaban con certificación de calidad.

"No se adjudicó la compra a esa empresa, aunque sus precios eran bajos, por una razón muy importante, el producto que ofreció esa empresa no tenía las garantías de calidad necesarias", reseña un comunicado institucional.

La AISEM explicó que los productos de salud de ese tipo deben contar con una certificación de calidad de Estados Unidos, denominada FDA o de la Unión Europea, el certificado CE, pero la que ofrecía Uruguay solo cuenta con una certificación interna de ese país.