La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformó una comisión mixta para investigar la situación jurídica de las personas que fueron aprehendidas durante los bloqueos desarrollados por movimientos sociales durante los meses de julio y agosto de esta gestión, principalmente en rechazo a la postergación de las elecciones.

“La ALP aprueba la conformación de una Comisión Mixta para la Investigación de la situación jurídica de personas aprehendidas por las movilizaciones de julio y agosto de esta gestión”, informó la Vicepresidencia del Estado a través de su cuenta de Twitter.

Ya ayer, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, habpía anunciado la confirmación de dicha comisión y aclaró que no se busca otorgar impunidad a ninguna persona.

“Quienes afectaron el ornato público y transgredieron las leyes deben rendir cuentas en la justicia”, dijo, a tiempo de señalar que le objetivo es evitar que se sancione a gente que solo ejecutó su derecho a la protesta.

Chambi, en esa línea, justificó la conformación de la comisión al señalar que varios dirigentes y candidatos del MAS están siendo “perseguidos” por el Gobierno de turno.

“De un tiempo a esta parte, este régimen transitorio lo único que hizo fue judicializar, amedrentar y vulnerar los derechos y garantías de algunos dirigentes (…) No se puede procesar a Andrónico Rodríguez por ser dirigente del Trópico, Evo Morales o nuestro candidato Luis Arce, son perseguidos políticamente y judicializados a cada momento. No sigan insistiendo porque el pueblo tiene memoria”, aseveró el asambleísta.

El pasado lunes, cabe recordar, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que utilizará dos normas aprobadas durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para iniciar procesos penales a las personas que supuestamente usaron armas de fuego y explosivos en los bloqueos y marchas de las pasadas semanas.

Murillo, en conferencia de prensa, indicó que la Ley 400 del 18 de septiembre de 2013 y el Decreto Supremo 2888 del 1 de septiembre de 2016 prohíben el uso y tenencia de armas de fuego y explosivos en movilizaciones sociales.