El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento de Faltas y Sanciones, “cuyo objetivo es precautelar la correcta aplicación de la Constitución, las leyes y normas que regulan la actividad y el proceso electoral en todas sus etapas”.

Según información del TSE, el Reglamento determina las faltas electorales, las sanciones correspondientes y los procedimientos a aplicar durante los procesos electorales, antes, durante y después de la jornada de votación. Establece, además, que el TSE,  los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y a los Jueces Electorales como máximas autoridades deben precautelar y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral y el respeto a los derechos políticos en el marco de la CPE y las leyes.

En su contenido identifica  las responsabilidades de los miembros del Jurado Electoral; Notarios Electorales; Servidores Públicos; Funcionarios de Entidades Financieras Públicas y Privadas; Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

El documento califica faltas leves, graves y muy graves, y las sanciones en cada caso dependiendo de la gravedad y el protagonista de la misma, que van desde servicio comunitario, multas en porcentaje al salario mínimo nacional, arresto de 8 horas, entre otras.

Asimismo, determina acciones directas de los ciudadanos que identifiquen hechos que vulneren la norma en flagrancia y con ayuda de la fuerza pública se toman acciones preventivas e inmediatas. Por otro lado, establece procedimientos común y especial para llevar adelante una investigación que determinará las sanciones si el caso lo amerita.

El Reglamento incorpora un Capítulo especial, que sanciona hechos de Violencia y Acoso Político, precautelando los derechos políticos y ciudadanos de Mujeres durante y después del proceso electoral. Incluye 16 faltas graves y una falta muy grave relacionadas con la vulneración del derecho a la participación política de las mujeres.

El Reglamento busca también el respeto a la paridad y alternancia, establecidos en la CPE y las leyes que rigen los procesos electorales, sentando precedente para que las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas se apeguen a la norma.