La noche de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó el informe final sobre los hechos en Senkata y Sacaba del 2019 que recomienda iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta transitoria Jeanine Añez y también instaurar procesos penales contra 11 ministros y exministros del Gobierno.

"La comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto", señaló la presidenta de la ALP, Eva Copa.

En concreto, el informe aprobado por la ALP recomienda iniciar un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez Chávez por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes y genocidio al "haber emitido el Decreto Supremo (DS) 4078, contrario a la Constitución y al bloque de constitucionalidad".

Dicha norma señalaba textualmente que “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

El informe además recomienda instaurar procesos penales contra Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia), María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación), por la firma del decreto 4078 y las muertes que se suscitaron en las localidades de Sacaba, Cochabamba, y Senkata-La Paz.

Al respecto, el diputado Víctor Borda informó que según información militar se usó francotiradores en los hechos de Senkata, a fines de 2019, y agregó que también serían procesados “algunas autoridades policiales y militares”.

De hecho, el informe también recomienda iniciar un juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.

Además de un juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y comandante de las FFAA, Sergio Orellana.