Finalmente, y por instrucción del presidente Luis Arce, el Ministerio de Justicia concluyó el diagnóstico y diseñó seis ejes para encarar la reforma judicial en el país mediante un plan estratégico que se constituye en una política de Estado.

“Esta planificación se ha implementado con avances importantes que hoy permiten al gobierno nacional presentar un diagnóstico del estado de situación de la justicia boliviana y un plan de seis ejes estratégicos para lograr una justicia oportuna, eficiente, transparente y eficaz”, señala una nota oficial de esa Cartera de Estado.

Según la información, el plan fue diseñado para atender las necesidades de la población que “acude cada día a los estrados judiciales a pedir justicia”. Asimismo, contempla medidas estructurales para mejorar la administración de justicia en el país.

En ese sentido, estos son los seis ejes del plan estratégico para reformar la justicia:

BALANCEO DEL CONFLICTO

Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio judicial.  

Según el Ministerio, actualmente el 24% de los juzgados corresponde a la materia Civil y Comercial, y el 1% a la materia Administrativa y Coactiva Fiscal. El 82% de los casos se resuelven en los juzgados de las capitales y el 18% en las provincias.

“A nivel nacional, en promedio, hay un juzgado por cada 8.361 habitantes, de esa cifra global, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098”, señala el diagnóstico del Ministerio.

Respecto a la cantidad de vocales por departamento (casos extremos): en Santa Cruz hay una sala por cada 179.846 habitantes, con un total de 18 vocales; mientras que en Pando hay una sala por cada 24.769, con un total de seis vocales.

En relación a la cantidad de juzgados por departamento (casos extremos): en Chuquisaca se cuenta con un vocal por cada 8.531 habitantes en capitales y uno por cada 2.623 en provincias; en Santa Cruz, uno por cada 18.892 en capitales y uno por cada 10.087 en provincias.

SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA

Para el segundo eje, el Ministerio señala que se busca promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones. La constitución de este sistema de acceso se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.

“Es necesario asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje”, afirma.

En ese ámbito, añade el Ministerio, se detectó deficiencias en la cobertura de juzgados, de acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Justicia, existen 175 municipios sin juzgados, lo que significa que 1.294.312 habitantes no cuentan con la cobertura directa.

Costo para el Estado por cada juicio resuelto

Actualmente cada juicio ordinario le cuesta al Estado 3.568 bolivianos, y cada juicio en la jurisdicción agroambiental significa 5.915.

Grado de confianza en el Órgano Judicial

Respecto al nivel de confianza en el Órgano Judicial, devela que del 1 al 5, se llega a un promedio de 2,7 de confianza. 

Dificultad para el acceso a la justicia por costos judiciales

La dificultad para acceder a la justicia por los costos judiciales, del 1 al 5 es de 4,3, según datos proporcionados por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

INDEPENDENCIA JUDICIAL

En el tercer eje para la refirma judicial, se busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público.

“Es necesario garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de procesos participativos con actores nacionales e internacionales”, resalta el Ministerio.

Según el Consejo de la Magistratura de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.

SOLUCIONES TIC

Sobre el cuarto eje, el plan estratégico del gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.

“La implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y sus entidades descentralizadas, se reforzará con la construcción de una red interinstitucional en distintos niveles del Estado”, añade la información de esa Cartera de Estado.

DESARROLLO NORMATIVO

En este eje, el Ministerio afirma que se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. Así se garantiza el acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras medidas, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

Esta es la normativa priorizada, según información oficial:

• Ley de modificaciones a la Ley Nº 004 contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
• Proyecto de ley de modificaciones de la Ley Nº 044 de juicios de responsabilidades.
• Proyecto de ley de modificaciones de la ley Nº 1104 de creación de salas constitucionales.
• Proyecto de ley de modificaciones de la ley N° 025, de 24 de junio de 2010 del Órgano Judicial.
• Proyecto de ley del servicio de Derechos Reales.
• Modificaciones a la Ley N° 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
• Ley de jurisdicción agroambiental.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Finalmente, el último eje busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.

LanzamientoReforma_01092021 by Césarbd Sánchez Carranza on Scribd