La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, en conferencia de prensa, ratificó hoy que no se violaron los derechos humanos del exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, ni existió tortura en su contra.

Afirmó que ello fue corroborado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz que rechazó la acción de libertad y señaló que no existió una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de derechos fundamentales, en respuesta al amparo presentado por los abogados de Pumari.

“Tenemos conocimiento que uno de los abogados de la defensa de Pumari habría planteado una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz ante un Tribunal de Garantías Constitucionales, situación que fue resuelta y en definitiva se le ha negado la tutela que hubieran planteado ante acción de libertad. El Tribunal ha establecido que no existe una ilegal aprehensión y que se ha cumplido con las formalidades y el procedimiento penal”, dijo Choque.

Explicó que la acción fue presentada en contra de su persona, como Fiscal Departamental de Potosí, en pleno desconocimiento del procedimiento porque la suscrita no emite ningún tipo de orden o firma de algún actuado investigativo, ya que es propio de la Comisión de Fiscales que cumplieron los procedimientos y emitieron los actuados que corresponden dentro del proceso.

“El Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido que no ha existido una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de sus derechos fundamentales. El abogado del señor Pumari había advertido que existía una aprehensión ilegal”, dijo la Fiscal Departamental.

La autoridad añadió que un médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de oficio realizó una valoración médica al señor Pumari e hizo la verificación de la situación física, estableciendo que no existe ningún tipo de lesión.

Pumari fue aprehendido el pasado jueves y el sábado la justicia determinó su detención preventiva por el lapso de seis meses en la cárcel de Uncía. Es acusado por los delitos de Allanamiento, Robo Agravado, Deterioro de Bienes del Estado, Obstrucción como delito Electoral porque no permitió que se lleve adelante el proceso de cómputo y daño calificado en Potosí en el 2019.