El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, indicó este martes que Arturo Murillo, el exministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, está agotando sus recursos y estrategias legales para dilatar y revertir el proceso penal en su contra por sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos (EEUU).

“Es una estrategia legal, en la que busca (o) tal vez tiene la esperanza que se revierta la situación que él ha generado, al encabezar una gavilla de delincuentes que se han dedicado al robarle al país (…) La justicia norteamericana, en esos 120 días que se ha estirado, está preparando el juicio”, indicó Chávez en entrevista por Bolivia TV.

La justicia de EEUU postergó el juicio de Murillo hasta el 23 de mayo por los presuntos delitos de lavado de dinero y soborno.

Durante esos 120 días, se preparará el juicio con la participación de jurados para que el 23 de mayo la Fiscalía estadounidense presente la evidencia, pruebas y diferentes elementos probatorios para que se determine la responsabilidad penal de Murillo.

“Lo que ha hecho el juez al dar los 120 días adicionales ha sido para que se prepare el juicio básicamente, tomando en cuenta la situación del señor Murillo, que en Bolivia se diría está chicaneando (…) La jugada de Murillo es dilatar”, señaló.

Chávez explicó que Murillo aún tiene tiempo para aceptar su culpabilidad hasta el 2 de mayo, para no llegar a un juicio con 12 jurados y un juez, considerando que los otros cuatro imputados ya se declararon culpables.

“Yo considero que es solamente una estrategia legal, una chicana. Coincide en la fecha con la que él ha sido aprehendido en mayo del año pasado, un año exactamente, luego de haberse detectado esos movimientos sospechosos y luego confirmados con informes serios que él había realizado esas transacciones ilegales y ese engaño al pueblo boliviano en tiempo de pandemia”, acotó.

Asimismo, indicó que la justicia norteamericana permite esta situación para brindar las garantías y que el imputado no alegue que se vulneraron sus derechos.

Murillo, considerado el hombre fuerte de Áñez, adquirió un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, pero a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones; se presume esta compra tiene un sobreprecio de $us 2,3 millones.

A finales del 2020, el exministro huyó a EEUU para evadir a la justicia; sin embargo, en mayo, fue aprehendido y encarcelado a la espera de su juicio acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.

Murillo, en complicidad con Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld organizaron un plan de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.