El relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, dio a conocer  las conclusiones de su informe preliminar sobre la justicia boliviana.

“La justicia está lejos de la gente”, afirmó García- Sayán al empezar su exposición aunque, a la larga, aseguró que hay “una luz al final del túnel”.

En total, fueron nueve las conclusiones expresadas por el Relator de la ONU y el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno “recoge las observaciones preliminares del Relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados”.

Las conclusiones

Las nueve conclusiones expresadas por García- Sayán son:

En Bolivia la justicia está lejos de la gente. “Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres. Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos”, se lee en informe.

La brecha de acceso a la justicia de las mujeres. El informe da a conocer que es de preocupación el hecho de que existan 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021, es decir, un promedio de uno cada tres días y medio.

“Sólo el 31% de los casos ha obtenido una sentencia. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de este informe en 2022 hasta el 17 de febrero ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación para determinar si se trató de feminicidio”, se lee en el documento.

Justicia indígena. Explicó que la norma constitucional pauta un claro principio de afirmación sobre este tema y el establecimiento de obligatoriedad de acatar las decisiones de la jurisdicción indígena y la del Estado de promover y fortalecerla

“Los mecanismos de ‘coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas’ referidos en la Constitución, debían regularse y precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional”, asevera en el documento de observaciones preliminares.

Hacinamiento carcelario. “Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas. No obstante, la población asciende a 18.703 personas lo que supone tasas de hacinamiento del 349.8%. Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena (sic)”, observó.

Órgano judicial. Hay solamente mil jueces en un país de la dimensión de Bolivia, cada uno se hace cargo de unos 500 expedientes y en defensa pública hay solo 54 defensores, haciendo en la práctica, inaccesible la defensa pública, es importante que eso se tome en cuenta en temas de presupuesto. La justicia de paz sea restablecida y puesta al alcance de la ciudadanía, menos del uno por ciento del presupuesto es algo que debe ser revisado.

Carrera judicial. Solo el 44 por ciento de los jueces son de carrera, la mayoría son transitorios y hay restricciones, quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden hacer por cuatro años, renovables a otros cuatro, y después irse a su casa, eso debe ser evaluado, que los jueces transitorios pasen a ser de carrera sujetos a los mecanismos de control.

Ministerio Público. Hay la necesidad de considerar una legislación de acceso a información pública para que se pueda obtener la información necesaria, uno de los temas centrales es el fortalecimiento del IDIF, que solo cubre el 10 por ciento de los municipios del país.

“Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública”, dijo.

Violaciones a los DDHH el 2019. Si bien hay interés en promover la investigación sobre la violación de Derechos Humanos en la crisis del 2019, son escasos los resultados, es un tema que debe ser priorizado.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas. Me uno a las recomendaciones ya hechas al Ministerio Público sobre llevar a cabo investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Que se garantice la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”, indicó.

Reformas Constitucionales. Hay puntos de vista variados y divergentes, luego de dos elecciones por voto popular. No existe un modelo sobre cómo designar a los jueces, simplemente prácticas para ir corrigiendo y ajustando.

“Una de las opciones apuntaría a fortalecer la fase de la pre- selección de candidatos/as, sobre los que votaría la asamblea legislativa en virtud del artículo 158 de la Constitución, sobre propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo. Con ese filtro, más plural y participativo, se estima que el voto popular que luego vendría en concordancia con lo establecido en el artículo constitucional 182.I podría traducirse en una selección más meritoria y plural. Este asunto será materia de mayor desarrollo en el informe final”, resaltó.