Este martes, finalmente, se presentaron los dos primeros candidatos a la defensoría del Pueblo, tras cinco días desde que dio inicio el periodo de postulaciones.

El Senado, a través de su cuenta oficial en el Twitter, oficializó que los candidatos a Defensor son Ramiro Rafael Sanjinez Rodríguez y Cyborg Kanashiro Bronnks.

Según información del portal Brújula Digital Sanjines es teólogo de profesión y Cyborg mencionó ser médico tradicional.

Según el cronograma oficial, las postulaciones para Defensor del Pueblo se recibirán del 18 de marzo al 1 de abril. La lista de candidatos habilitados se hará pública el 10 de abril, la etapa de impugnaciones será del 11 al 14 de abril y entre el 30 de abril y el 1 de mayo se difundirá la lista de nombres que pasarán a la elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La ALP elegirá al nuevo Defensor entre el 3 y el 16 de mayo del 2022.

Según la Constitución Política del Estado (CPE) el Defensor del Pueblo ejerce funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad a una segunda designación.

Los requisitos para la postulación de ese cargo son:

• Contar con nacionalidad boliviana.
• Haber cumplido 30 años hasta el momento de la designación.
• Haber cumplido con el servicio militar.
• No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.
• No tener sentencia condenatoria en materia penal.
• No tener sentencia condenatoria en materia de violencia.
• Prestar juramento de no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los parágrafos 1 y 2 de los artículos 236 y 239 de la Constitución Política del Estado.
• Estar inscritos en el padrón electoral
• Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
• No tener cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad con miembros de la ALP, con representantes de organismos supraestatales ni las autoridades jerárquicas de los órganos del Estado.
• Contar con probada integridad personal ética.
• Tener reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos.
• No tener procesos administrativos disciplinarios o penales por violencia contra la mujer, niños y niñas.
• No tener procesos por discriminación.
• No haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto.
• No haber sido dirigente de organizaciones políticas, ni candidato.
• No tener militancia alguna.
• No ser ni haber sido designado en el cargo de ministro, viceministro o embajador.