El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que se espera que con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Plan de Trabajo de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (MESEG-Bolivia), con vigencia de dos años, se avance en la consolidación de los derechos humanos en el país.

“El compromiso del gobierno es contribuir de manera propositiva, que en dos años que evaluemos sea de ganancia, de éxito, de consolidación de derechos humanos”, sostuvo el titular de Justicia.

El objetivo de la instalación del MESEG-Bolivia es dar celeridad y transparencia a la implementación de las recomendaciones del GIEI dadas a conocer de manera pública el 17 de agosto de 2021 luego de varios meses de investigación irrestricta.

El GIEI calificó como masacres los hechos sangrientos de 2019, además denunció que en Bolivia ocurrieron ejecuciones sumarias y graves vulneraciones a los derechos humanos a manos de grupos represores del Estado a instrucción de la gestión de Jeanine Añez.

“Es un momento de consolidación de lo que hemos llamado 'memoria, verdad y justicia'", dijo el Ministro respecto a la firma del protocolo que permitirá realizar el trabajo de seguimiento.

El presidente Luis Arce, a tiempo de recibir el informe el año pasado, "asumía un compromiso con el país de dar cumplimiento a todas las recomendaciones del GIEI y lo que ocurre el día de hoy, es parte de ese compromiso”, subrayó la autoridad.

En ese sentido, el Ministro afirmó que varias de las recomendaciones establecidas por el GIEI ya fueron atendidas, entre ellas la entrega de un monto económico a los familiares de los fallecidos en las masacres, la disposición de un fideicomiso, inserción laboral, entrega de becas de estudio, bono alimenticio, cancelación de gastos médicos, entre varias.

Asimismo, dijo que se procedió a desvincular el SEPRET de esta cartera de Estado, se procedió a eliminar el delito de sedición del ordenamiento jurídico nacional y se considera un proyecto para reformular el delito de terrorismo. También se anuló el decreto supremo de indulto de la gestión 2021.

Otras recomendaciones como la construcción de la casa de la memoria, y el desarrollo de un encuentro nacional contra el racismo y la discriminación, se encuentran en proceso.

De la misma manera, aseguró que los temas pendientes, entre ellos el derecho a la justicia y las garantías de no repetición, serán encarados con la asistencia técnica del organismo internacional en el marco del debido proceso. 

El ministro Lima, en ese sentido, afirmó que ese es el clamor del pueblo boliviano, conocer la verdad histórica de los hechos, establecer responsabilidades y hacer justicia por los hechos que dejaron luto y dolor entre las familias bolivianas.

La autoridad de Justicia indicó que se brindarán todas las facilidades y el respeto irrestricto al trabajo del MESEG-Bolivia tal como se hizo con el GIEI.

“El trabajo tendrá una duración de dos años y debe dar importantes resultados; este es un gobierno comprometido con los derechos humanos y agradece a la CIDH por consolidar este trabajo por memoria, verdad y justicia”, acotó.