El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió este jueves que el cabildo cruceño – convocado para el 30 de septiembre- solo se puede frenar si el Gobierno decide que el censo se realizará el 2023 y no el 2024.

“Lo que puede frenar el cabildo es que el Gobierno se siente y nos diga que ha leído nuestro trabajo técnico y que nos garantice que vamos a tener un censo en 2023”, afirmó Calvo en contacto con La Razón.

Calvo, junto al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, convocaron a un cabildo el próximo 30 de septiembre para definir nuevas medidas de presión para exigir al Gobiermno que el censo sea el 2023.

Entre las propuestas, está la de realizar un paro indefinido. Hast ahora, Santa Cruz ya ha acatado dos paros por el censo, uno de 24 horas y otro de 48, aunque ambos solo se sintió con fuerza en la ciudad capital, según el Gobierno.

Ya  el pasado 15 de septiembre, en la Asamblea de la Cruceñidad, Camacho advirtió que es la “última oportunidad” que tiene Santa Cruz para lograr su propósito.

“Tenemos presión a veces de que no se haga un paro indefinido o no seamos tan radicales, pero esa tibieza es la que nos va a llevar al fracaso. Tenemos que ser firmes”, señaló el Gobernador.

Gobierno afirma que cabildo en Santa Cruz quiere generar inestabilidad

Al respecto, el Gobierno nacional, a través del portavoz presidencial, Jorge Richter, señaló que el cabildo del 30 de septiembre busca generar inestabilidad en el país con la excusa de demandar la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

“Le preocupa al Gobierno (el cabildo) como un hecho de inestabilidad que quieren generar”, señaló Richter y advirtió que “no es una preocupación genuina” el que tiene el Comité Interinstitucional de Santa Cruz sobre el Censo, sino más bien una “excusa” para movilizar a las personas.

Dijo incluso que el cabildo, y el posible paro indefinido que se determinaría, es “para validar un liderazgo que está en etapa descendente” y ahí apuntó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Si no van a las calles, si no exacerban los ánimos y no exacerban un regionalismo, que tenemos que darle fin, pues entonces, por supuesto, el liderazgo del señor Camacho desparece”, afirmó en el programa Fama, Poder y Ganas.

Por tanto, enfatizó que el tema del Censo es una “excusa” para la movilización, como sucedió en “2021 con la Ley de Investigación de Fortunas” porque el gobernador ni siquiera conoce los aspectos normativos que disponen su realización.

Como ejemplo citó “la torpeza” que cometió Camacho en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental, el lunes, cuando afirmó que “la Constitución señala que el Censo se lleva a cabo cada 10 años”.

“El mismo gobernador no conoce la Constitución, no conoce normativa del Censo, pero habla y habla en términos políticos, por eso dice que el Censo es político, porque en política es muy fácil poder argumentar algunas cosas”, dijo.

Lamentó que, siendo abogado, Camacho no tenga ni “idea de lo que es el tema censal”. “Yo lo he tenido 10 horas a mi lado (en la reunión del 15 de agosto con el Instituto Nacional de Estadística, INE) y no ha hecho ninguna participación importante en el tema del Censo, es un pretexto el tema del Censo”, enfatizó.

Desde su perspectiva, Camacho “utiliza” al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, para “darle una fachada de institucionalidad” al Comité y a su demanda del Censo para 2023.

En la entrevista, el portavoz también afirmó que es al Gobierno a quien “le interesa llevar adelante el Censo” y que el Comité Interinstitucional hasta ahora “no ha sabido decir cuáles son los elementos que se deben abreviar para tener” la encuesta nacional en 2023.

En tanto ello ocurre, el Gobierno, a través del INE, continúa con los trabajos para realizar la encuesta en los plazos establecidos, la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) y el diseño de la boleta censal avanzan.