A través de un comunicado, el Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Justicia, recordó esta jornada que el llamado caso terrorismo y separatismo fue archivado en la gestión transitoria de Jeanine Añez.

Además, señaló que el informe de la CIDH sobre el caso está en “reserva y confidencialidad” y, por lo tanto, el Gobierno emitirá ningún criterio al respecto.

“Respecto al informe final de la CIDH, se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad. Por lo que el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, afirmó el Ministerio de Justicia en respuesta a “distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo”.

La posición del Ministerio de Justicia llega después de que el fin de semana un medio de comunicación nacional revelara que la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.

El caso ocurrió el 16 de abril de 2009, cuando un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.