El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, ratificó este martes que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso terrorismo y separatismo fue declarado en reserva, aunque aseguró que no es vinculante.

“Estamos en un principio de confidencial, solamente es un informe y no es vinculante. Y las cosas que han surgido, solamente son especulaciones”, aseguró Chávez en conferencia de prensa.

La autoridad, en ese sentido, pidió respetar los “principios” de los informes emitidos por la CIDh, aunque enfatizó en que no tiene un carácter vinculante y el especular sobre supuestos juicios contra ex autoridades es solo entrar en el escenario de la especulación.

“Estamos bajo un principio de confidencialidad, las especulaciones que están ocurriendo, incluido un supuesto juicio a una exautoridad, son eso, especulaciones, nosotros debemos ser serios, respetar los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún un carácter vinculante”, dijo.

Ayer, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia recordó que el llamado caso terrorismo y separatismo fue archivado en la gestión transitoria de Jeanine Añez.

Además, señaló que el informe de la CIDH sobre el caso está en “reserva y confidencialidad” y, por lo tanto, el Gobierno emitirá ningún criterio al respecto.

“Respecto al informe final de la CIDH, se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad. Por lo que el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, afirmó el Ministerio de Justicia en respuesta a “distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo”.

La posición del Ministerio de Justicia llega después de que el fin de semana un medio de comunicación nacional revelara que la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.

El denominado caso Terrorismo ocurrió el 16 abril de 2009 ante la sospecha que un grupo de extranjeros conformaron un grupo terrorista, fuertemente armado, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Evo Morales y otros de su gobierno.

Ese día, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.