Por segundo día consecutivo, el expresidente del Estado, Evo Morales, pidió que se reabra el llamado ‘caso Terrorismo’ y aseguró que no hacerlo significaría el ser cómplice de los “golpistas” que buscaron impunidad al archivar dichas investigaciones, en referencia a la decisión asumida por el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Los autores y operadores del plan separatista no pueden quedar impunes. Es necesario reanudar ese juicio para que nunca más nadie se aventure a intentar dividir nuestra Patria. No hacerlo, sería ser cómplice de los golpistas que buscaron impunidad para los separatistas”, señaló Morales.

El lunes, el Ministerio de Justicia afirmó que l caso Terrorismo y Separatismo fue archivado “arbitrariamente” durante la gestión transitoria de Jeanine Añez.

Morales, actual líder del MAS, también apeló a enumerar algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para justificar el operativo realizado el 2019 contra un grupo extranjero que supuestamente tenía un plan divisionista y “terrorista” para atentar contra la vida de varias autoridades de Estado.

“Hermanas y hermanos: la Constitución dice claramente en su artículo 108 que es deber de todos nosotros defender la unidad, soberanía e integridad territorial de Bolivia. Además de eso, el artículo 124 dice que atentar contra la unidad del país es delito de traición a la Patria. Según el artículo 111 de la Constitución aprobada con el voto de nuestro pueblo, la traición a la patria es delito imprescriptible. Ahora que se estableció oficialmente que el caso Separatismo fue "archivado arbitrariamente" por los golpistas exigimos que ese juicio sea reabierto”, acotó el exmandatario.

El fin de semana, un medio de comunicación nacional revelara que la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.

No obstante, desde el Gobiernos e aclaró que el informe de la CIDH está bajo reserva por lo que no puede emitir ningún criterio al respecto, aunque la Procuraduría ya aclaró que no es vinculante.

El denominado caso Terrorismo ocurrió el 16 abril de 2009 ante la sospecha que un grupo de extranjeros conformaron un grupo terrorista, fuertemente armado, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Evo Morales y otros de su gobierno.

Ese día, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.