Este martes, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó de “deficitario” al cumplimiento de las recomendaciones defensoriales sobre la violación de derechos durante el conflicto poselectoral de 2019. Esta jornada presentó el reporte del cumplimiento a las recomendaciones del informe defensorial “Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre - diciembre de 2019”.  

El 15 de septiembre de 2020, la institución defensorial emitió su informe con 10 recomendaciones, seis recordatorios de deberes y una determinación, misma que anunciaba que en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N.° 1430, 11 de febrero de 1993), la Defensoría del Pueblo comunicará esa Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese sentido, el Defensor del Pueblo afirmó hoy que, de las 10 recomendaciones, dos fueron cumplidas, dos están en proceso de cumplimiento y seis no fueron cumplidas. “En consecuencia, el resultado todavía es deficitario en cuanto al cumplimiento”, enfatizó Callisaya.

Las dos recomendaciones cumplidas son: la emisión de una “Política Plurinacional de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en periodos de Gobiernos Inconstitucionales” y “garantizar las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda investigar de manera exhaustiva los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país durante el conflicto”.

En el primer caso, el Defensor del Pueblo dijo que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cumplió con la octava recomendación defensorial, pues tiene previsto implementar la política de reparación en esta gestión. “Como línea general, nosotros pretendemos la mayor participación de las asociaciones de víctimas tanto en el evaluación, construcción y reflexión de la ley y política de reparación integral”, indicó la autoridad defensorial.

Además, indicó que el Órgano Ejecutivo también cumplió con la décima recomendación defensorial, porque garantizó las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda investigar, y en consecuencia se emitió el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, presentado el 17 de agosto de 2021.

Respecto a los cumplimientos parciales, el Defensor del Pueblo realizó las siguientes observaciones. Con relación a la recomendación cuarta, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió parcialmente, debido a que no emitió la Ley de Creación de la Comisión de la Verdad y  la Ley que contemple sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad para los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos y que se democratice el acceso a la publicidad estatal.

Sin embargo, apuntó que, si bien la Asamblea elaboró el anteproyecto de “Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales”, ésta aun no fue socializada con las víctimas.

También fue cumplida de forma parcial la tercera recomendación defensorial respecto a deberes del Comando General de la Policía Boliviana, porque la institución policial efectuó la investigación de 38 procesos disciplinarios, en los cuales se investiga a 52 efectivos policiales, apuntó Callisaya.

En cuanto a la primera recomendación, referida al cumplimiento de los procesos penales, el Defensor señaló que el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que conocen los 58 procesos penales abiertos por los hechos del conflicto del 2019, no cumplieron debido a que solo existen cuatro sentencias y 54 están en investigación.

Además, indicó que con relación a la segunda recomendación referente a controlar e inspeccionar los procesos penales abiertos por la Fiscalía General del Estado, no fue cumplida, porque no se reportaron los resultados de la supervisión para dar celeridad y acceso a la justicia.

En cuanto al resto de las recomendaciones, el Defensor señaló que no fueron cumplidas, y ante ello, lamentó la falta de acciones en las otras recomendaciones e invitó y exhortó a las otras instancias competentes como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación, a que puedan realizar y gestionar oportunamente todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones.

Ministro de Justicia discrepa con el Defensor

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su discrepancia con lo manifestado por el Defensor del Pueblo y afirmó que desde el Gobierno “definitivamente estamos buscando los escenarios de diálogo, de encuentro y de entrega de información”.

Lima consideró que a la gestión de Callisaya le falta un diálogo más amplio con el Gobierno, la Fiscalía y con el Órgano Judicial.

“Creo que su informe actualizado carece de información y seguramente que es producto de una institución nueva, que está recién empezando a dar los pasos bajo la conducción de la actual Defensor. Y estamos seguros de que vamos a poder tener la oportunidad de hablar con él lo más pronto posible y de hacerle llegar la información para que pueda precisar su informe”, afirmó el Ministro, entrevistado por Erbol.