A la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se le hizo conocer que un grupo de cívicos convoca a protestas exigiendo que el Estado incumpla la recomendación 10 del informe del GIEI y declare una amnistía en favor del excívico Luis Fernando Camacho y los acusados por las masacres de Sacaba y Senkata, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Cuando (los cívicos) le piden al pueblo boliviano que vaya el día de mañana (miércoles) a los cabildos y el pedido de amnistía a los presos políticos, le están pidiendo que esas personas, acusadas de graves violaciones de derechos humanos, de masacres en Sacaba y Senkata, sean amnistiados, eso es contrario al punto 10 del informe", insistió.

La recomendación 10 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitida tras una investigación de los hechos ocurridos antes, durante y después de la crisis de 2019, establece, justamente, “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”.

Una misión de la CIDH, encabezada por el comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, llegó a Bolivia y empezó a realizar una verificación de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. En ese trabajo se reunió con diferentes autoridades, entre ellas del gobierno del presidente Luis Arce.

Lima informó que se puso en conocimiento de Hernández la decisión de grupos vinculados a los cívicos de exigir la libertad de los que consideran 183 “presos políticos”, entre  ellos Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, por el caso Golpe de Estado I.

A diferencia de las exigencias cívicas del grupo que maneja el Comité pro Santa Cruz, el Gobierno anuló en febrero de 2021, como parte de la recomendación 10, el decreto que establecía la amnistía por razones humanitarias y a perseguidos políticos.

De acuerdo a los datos, entre la cifra de 183 que manejan los cívicos están más de 66 relacionados y procesados por las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murió y decenas fueron heridas por impacto de bala en medio de intervenciones militares-policiales a protestas sociales en noviembre de 2019.

Para este miércoles, los cívicos alineados a Rómulo Calvo planifican un cabildo nacional.

Lima aseguró que los procesos judiciales activados en contra de los acusados de la violación de derechos humanos se enmarcan en el marco del debido proceso y reiteró que el Gobierno cumplirá con las recomendaciones del GIEI.