Los expresidentes del país, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, criticaron, por separado que la también exmandataria Jeanine Añez sea juzgada por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades por el caso referido a la masacre de Senkata, ocurrida el 2019.

Por un lado, Rodríguez afirmó que las modalidades de juzgamiento están definidas por la Constitución Política del Estado y ello no puede ser “torcido” por ningún juez.

“La voluntad constituyente y soberana del pueblo  aprobó la CPE que define las competencias de juzgamiento. Ninguna autoridad y menos los jueces pueden torcerla a título alguno” (sic), señaló a través de su cuenta de Twitter.

El expresidente, en esa línea, afirmó que el que Añez sea juzgada por la vía ordinaria se constituye en una violación a la Constitución y, con eso, se “defrauda” a las víctimas de las masacres del 2019.

“(…) Se vuelve a defraudar a las víctimas que esperan justicia desde 2019. La Constitución define las competencias para el juzgamiento del caso Sacaba y Senkata, no la coyuntura ni el cálculo político por el Gobierno o la Asamblea Legislativa”, acotó.

Por su parte, Carlos Mesa calificó de “nefasto” que la justicia ordinaria se haya declarado competente para juzgar a Añez y también incluyó en su reclamo a la decisisón judicial de mantener el criterio de que la reelección indefinida es un derecho humano.

“La decisión de jueces masistas de violar la CPE con un juicio ordinario a la exPresidenta Añez y el mantenimiento de la reelección indefinida, son hechos nefastos que muestran desprecio por acuerdos internacionales y nos convierte en un Estado fuera de la ley. Hemos tocado fondo.” (sic), afirmó también a través de la mencionada red social.

Ayer, martes, el juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de la masacre de Senkata, ocurrida durante su Gobierno el 2019.

La decisión se tomó en una audiencia de excepción de incompetencia, que se realizó a pedido de las víctimas de Senkata, que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia.

Un juicio de responsabilidades requiere de aprobación del Legislativo por dos tercios y se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un proceso ordinario sólo requiere de una acusación de la Fiscalía y se juzga en un tribunal de sentencia.

Precisamente, a inicio de mes, el Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.