El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, destacó los avances positivos en la aplicación de las 36 recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos registrados en la crisis de 2019 en Bolivia.

“Creo que hay avances positivos, creo que en el panorama que hemos observado hay acciones muy concretas, repito que observo que hay una conciencia muy bien establecida de dar cumplimiento a estas recomendaciones que a mí me satisface mucho”, afirmó durante una entrevista divulgada por Correo del Sur a través de sus redes sociales.

Hernández señaló que, a partir de las entrevistas realizadas, se puede afirmar que hay “avances sustantivos, pero evidentemente hay desafíos importantes y uno de los propósitos de la Comisión es poder identificar en dónde están los desafíos y a partir de allí sugerir rutas de acción”.

“Esperamos nosotros que este informe de medio término – que será entregado en abril- sirva para impulsar un cumplimiento total de las recomendaciones”, indicó el relator.

En 2019, la CIDH envió a Bolivia al GIEI para investigar los hechos de violación a los derechos humanos antes, durante y después de la crisis desatada entre septiembre y diciembre de ese año, que derivó en la ruptura del orden constitucional.

A la conclusión de su trabajo, el grupo internacional emitió un voluminoso informe en el que confirmó masacres, ejecuciones sumarias y otras graves vulneraciones, e hizo 36 recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia.

Entre ellas, el GIEI recomendó investigar, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos registrados entre septiembre y diciembre de 2019, entre los cuales están las masacres de Sacaba y Senkata, que segó la vida de más de una treintena de personas por impactos de bala.

En 2022, el Gobierno nacional y la CIDH acordaron la conformación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia por el periodo de dos años.

Es en ese marco, la CIDH envió a una delegación liderada por el comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, para que, junto a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y un equipo técnico, evalúe el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas en agosto de 2021 con relación a la crisis política y social registrada en 2019.

La misión inició su trabajo el martes 24 de enero y concluyó el jueves 26. En su estadía, sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno nacional, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, con el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con los familiares de los fallecidos y víctima de las masacres de Sacaba y Senkata, y actores políticos del país.

Entre los desafíos a cumplir por el Estado, Hernández identificó la reparación a las víctimas de los hechos de 2019.

“Hay que avanzar de manera colegiada en el tema de reparación de víctimas, es un tema en donde observamos nosotros que el Estado tiene identificados dónde están los actores y obviamente la sociedad civil tiene expectativas”, apuntó.

El relator precisó que en el informe del GIEI “hay recomendaciones muy específicas que están dirigidas hacia las víctimas y hay recomendaciones sobre temas estructurales y eso tiene un efecto programático, porque permite que el Estado establezca metas de corto, mediano y largo plazo para ir atendiendo los temas y creo que eso va a terminar fortaleciendo el sistema de derechos humanos en el país”.