Los cívicos y políticos de oposición que exigen una amnistía esperan beneficiarse de una medida de estas características, porque se consideran “perseguidos políticos” debido a los procesos que tienen en su contra, denunció el ministro de Justicia, Iván Lima, quien les recordó que hay una recomendación internacional de no dar amnistía por graves violaciones a los derechos humanos.

“No es correcto que le hayan ido a mentir al pueblo cruceño (en un cabildo). Hay que decirle a Rómulo Calvo y a esos malos líderes que le informen a Santa Cruz quiénes son esos `perseguidos políticos´, que digan que son ellos mismos que están buscando impunidad y que no quieren que haya justicia ni para el pueblo boliviano, ni para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”, aseguró.

Calvo y otros cívicos y políticos aseguran que hay una lista de más de 180 perseguidos políticos – no revelada-, para los que pidieron una amnistía al presidente Luis Arce con la amenaza de impulsar un revocatorio en caso de no atender su demanda.

Al momento están en curso procesos penales por las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, cuando una intervención policial-militar en el gobierno de Jeanine Áñez acabó con la vida de más de una veintena de personas y dejó decenas de heridos por impactos de bala de sectores sociales que se movilizaban en Sacaba y Senkata.

“Le reto a la oposición, al Comité Cívico, a Calvo y a todas esas personas que dicen que hay presos y perseguidos políticos que pongan la lista, que pongan los nombres”, desafió Lima y aseguró que Calvo está pidiendo amnistía para él mismo.

En la recomendación 10 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019, instó a no emitir amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos.

“Ahora nos dice Calvo: `señores no queremos juicio, nosotros somos políticos nadie debe juzgarnos, dicten una amnistía´, eso no se puede hacer, tenemos un compromiso internacional de investigar todas las graves violaciones de derechos humanos y un compromiso constitucional de investigar la corrupción”, insistió Lima.

El excívico y gobernador Luis Fernando Camacho está encarcelado preventivamente en Chonchocoro por el denominado caso Golpe de Estado I.