El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió este lunes la legalidad de la desvinculación de funcionarios que fueron designados por libre nombramiento, que no tenían un estatus de servidores con carrera institucional, y anunció que el Estado “responderá de manera oportuna” a la demanda que un grupo de personas presentó por este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un documento oficial, Cancillería recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó, mediante los fallos SCP N° 1189/2022-S4 de 19 de septiembre de 2022 y SCP N°1258/2022-S4 de 26 de septiembre de 2022, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia procedió de acuerdo a las leyes en vigencia, para desvincular a funcionarios que fueron designados por libre nombramiento, que no tenían un estatus de servidores con carrera institucional.

“Todas las desvinculaciones que se realizaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvieron enmarcadas en la normativa vigente y tomando en cuenta la situación particular de cada persona”, aseguró el director Jurídico de Cancillería, Bernardo Ortiz.

Un grupo conformado por diplomáticos de carrera, dirigido por Javier Viscarra, informó que acudió a la CIDH para denunciar una supuesta vulneración a sus derechos por su desvinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego de acusar de ese hecho al canciller Rogelio Mayta, y a magistrados del Tribunal Constitucional, Viscarra dijo que él y sus colegas no pueden “lograr un espacio de trabajo en las instituciones públicas y otros organismos especializados, porque formarían parte de listas negras”.

Con la denuncia, este grupo de personas espera conseguir, de forma inicial, $us 7 millones de indemnización.

El Director Jurídico de la Cancillería señaló que ese grupo de personas tiene la libertad de acudir a todas las instancias jurídicas, sean nacionales o internacionales, para hacer valer sus derechos si aprecian que han sido vulnerados.

No obstante, aclaró que la CIDH acepta demandas contra “Estados por supuesta vulneración de derechos, no en contra de personas individualizadas y que, ante esto, Bolivia responderá de manera oportuna”.

“Consideramos que en el caso presente el Ministerio de Relaciones Exteriores ha obrado conforme a las prerrogativas establecidas en la Ley, así lo ha señalado en una serie de pronunciamientos emitidos por Tribunales de Garantías que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, enfatizó Ortiz.

Insistió que, hasta ahora, se han conocido dos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional que dejan establecido que los exservidores públicos -accionantes - no formaban parte del escalafón diplomático porque no contaban con una evaluación del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos establecido por la Ley 465, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Recordó que el año 2020, durante el periodo de ruptura constitucional, intentaron implementar un escalafón diplomático que no era inclusivo y que no respetaba derechos básicos como la igualdad, a través del Decreto Supremo 4240, que fue declarado inconstitucional mediante la Sentencia 16/2020 por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“En conclusión, es importante aclarar que actualmente en Cancillería no existen servidores públicos con carrera diplomática. En la actual gestión se está trabajando en un escalafón diplomático que sea inclusivo y pueda dar la oportunidad a cualquier ciudadano o ciudadana de trabajar por su país en el servicio exterior o en las oficinas centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores”, argumentó el funcionario.