Sentencia constitucional daría luz verde a la carretera Las Cruces - Buena Vista; el Gobierno esperará el estudio internacional
La sentencia 0076/2023 declara la nulidad de la Ley Departamental 98 en varios de sus artículos, sobre todo los referidos a la potestad de las gobernaciones de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo.

Este martes se conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió, el pasado 8 de agosto, la sentencia 0076/2023 que declara la nulidad de la Ley Departamental 98 en varios de sus artículos, sobre todo los referidos a la potestad de las gobernaciones de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo.
La sentencia incluiría al patrimonio Güendá - Urubó, y, así, daría luz verde a la construcción de la cuestionada carretera Las Cruces - Buena Vista, en el departamento de Santa Cruz, según informó El Deber.
Según el mismo medio, el caso deriva del expediente 19459/2017-39-CET radicado en La Paz, por el memorial activado por el entonces vicepresidente del Estado, Álvaro García, y asambleístas departamentales cruceños, que argumentaron un conflicto de competencias, entre la norma departamental y las atribuciones y competencias privativas del nivel central sobre temas de tierra y territorio.
Entre los argumentos en los que se basa la sentencia está el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece las competencias privativas y competencias exclusivas del nivel central. Con ello se anula varios articulados de la Ley Departamental 98, que se promulgó el 21 de mayo de 2015 por el gobierno departamental bajo el título de Ley de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz.
Asimismo, indica que el patrimonio natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, según el Artículo 346 de la CPE y con ello anula los alcances de la normativa departamental para administrar los espacios territoriales de conservación, las unidades de conservación, el patrimonio natural del departamento, corredor de conservación, entre otros.
El Gobierno afirma que respetará los resultados de estudio internacional
Tras conocerse la sentencia, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el Gobierno esperará a conocer los resultados del estudio internacional que dará viabilidad o no al proyecto carretero Santa Cruz-Buena Vista-Las Cruces, tal y como acordó con los pobladores de Buena Vista.
“Somos un Gobierno nacional de palabra, que cumple, y en ese marco ratificamos el compromiso asumido hace unas semanas”, manifestó el titular de Planificación en conferencia de prensa.
Sobre la Sentencia Constitucional 0076/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dijo que será evaluado por un equipo especializado.
“Se están evaluando los aspectos técnicos y jurídicos relacionadas a esta sentencia, sobre la cual nos pronunciaremos en los próximos días”, afirmó.
El pasado 20 de septiembre, Cusicanqui informó que el Gobierno hace consultascon diferentes organismos internacionales para optar por la mejor opción para el estudio internacional de viabilidad técnica y ambiental del proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista.
“Lo cierto es que dentro del acta hemos establecido iniciar el proceso de contratación del estudio en un plazo de hasta tres meses, y tener los costos y plazos del estudio. Los resultados del estudio establecerán los caminos a seguir para ejecutar el proyecto”, explicó en un informe sobre el acuerdo de siete puntos firmado con pobladores de Buena Vista.
El acuerdo permitió el levantamiento del bloqueo que exigía a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz viabilizar la construcción de esta obra, que ya cuenta con financiamiento y estudios técnicos. Las autoridades se oponen a la obra con el argumento de que afectará acuíferos ubicados en el trazo de la vía.
Para resolver esta observación, el Gobierno planteó un estudio internacional para determinar si la vía afectará o no a los acuíferos.
Justamente el punto tres del acuerdo exige a la Gobernación de Santa Cruz aceptar los resultados del estudio internacional.
“Ese punto fue planteado por los sectores sociales de Buena Vista, porque vieron que no hay una participación activa de la Gobernación de Santa Cruz, y por ello acordaron plasmar ese aspecto como una exigencia, una vez se tengan los resultados del estudio internacional para la ejecución del proyecto carretero”, explicó Cusicanqui.