En audiencia desarrollada este miércoles, la Sala Penal Cuarta de Cochabamba revirtió la detención domiciliaria con el que la expresidenta Jeanine Añez se había beneficiado por el caso de la masacre de Sacaba y dispuso su detención preventiva en el penal de Miraflores.

En agosto pasado, el juez Lander Claros había beneficiado a Añez con detención domiciliaria por este caso, aunque la exmandataria siguió detenida en el penal de Miraflores acusada por otros casos, entre ellos la masacre de Senkata, los llamados ‘Golpe de Estado I y II’, entre otros.

“El vocal ha dispuesto absolutamente de manera legal que se revoque la ilegal medida del juez Lander que había favorecido (a Añez), contrariando mandatos de Derechos Humanos, contrariando mandato del Código Procesal Penal, y contrariando mandatos constitucionales”, informó Nelson Cox, abogado de las víctimas en el caso Sacaba, en contacto con Erbol.

En su audiencia, Añez anunció que renunciaba a su defensa técnica e, incluso, rechazó que le asignen un abogado de oficio.

“Jeanine Añez rechaza la designación de abogado de oficio por Vocal Pablo Antezana en el caso ‘Patraña 6´’. Se cumplen casualmente 41 años de democracia y los gobernantes creen que democracia es solamente ir a las urnas para después cometer todo este tipo de abusos e ilegalidades (…) Desisto de la defensa técnica y no voy a permitir  defensa de un abogado que no conozco, que no me va a defender, que es dependiente del Gobierno. Me rehúso a que le den el uso de la palabra para que hable a mi nombre porque no lo reconozco como mi abogado”, señaló Añez durante su audiencia, según se lee en su cuenta oficial en la red social ‘X’ (ex Twitter).

A pesar de ello, el vocal de la Sala Penal determinó que se revoque la detención domiciliaria de Añez y que cumpla detención preventiva por el lapso de seis meses, mientras se investiga el caso.

En este caso, la Fiscalía imputó a Añez por genocidio y otros delitos.

La masacre de Sacaba, como fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de 2019, pocos días desúes de que Añez se “autoproclamara” – según la justicia- como Presidenta del Estado, tras la renuncia de Evo Morales.

Un contingente policial-militar intervino una marcha de cocaleros y otros sectores sociales con el saldo de 11 muertos y decenas de heridos de bala. En ese entonces estaba en vigencia el “decreto de la muerte”, que eximía a militares de responsabilidades penales por acciones de “restablecimiento del orden”.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió un hecho similar en El Alto, Senkata. En este caso, la Fiscalía también amplió el proceso penal contra Áñez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata.

La expresidenta se encuentra recluida en la cárcel y tiene una condena de 10 años por la forma cómo tomó el poder. Según la investigación fiscal, se autoproclamó Presidente del Senado y luego de Bolivia en sesiones legislativos sin quórum y vulnerando la línea de sucesión.