En el marco de los actos de homenaje por los 20 años de los sucesos de Octubre Negro de 2003, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, pidió a la población preservar la memoria histórica de este tipo de hechos para evitar que se repitan en el futuro y afecten la construcción de una sociedad en la que se respete la vida del ser humano y se promuevan los derechos humanos. Asimismo, pidió justicia para las víctimas y sus familias.

“Tenemos que recordar permanentemente estos luctuosos hechos porque eso nos permite también recordar lo que no debe pasar, debemos construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad en la que se respete la vida del ser humano, en que todos nos respetemos”, señaló Callisaya, en el marco del acto de homenaje y exposición fotográfica llamada “Preservando la memoria histórica, a 20 años de los sucesos de Octubre Negro 2003”.

La autoridad no dejo de lado el tema de la justicia para quienes resultaron muertos o heridos producto de este suceso luctuoso, por ello pidió “establecer responsabilidades para evitar que vuelvan a ocurrir estas masacres”.

El evento tuvo lugar en la plaza de la zona de Villa Ingenio, lugar considerado emblemático pues hace 20 años, cuando se produjo la masacre de ciudadanos alteños por parte de fuerzas militares, sirvió como un salón velatorio improvisado de las decenas de personas que fallecieron producto de la arremetida militar en la urbe alteña.

“Con la finalidad de no olvidar, de tener en la memoria permanentemente estos hechos acontecidos en octubre de 2003 hace 20 años”, la Defensoría del Pueblo organizó este evento conmemorativo, junto a organizaciones vecinales, y del cual participaron estudiantes de dos unidades educativas del lugar.

Ante ellos, Callisaya exhortó a reunir esfuerzos para continuar con la construcción de una sociedad “en la que todos seamos partícipes, sin que seamos excluidos, donde nos reconozcamos diversos y esa diversidad no implique que nos excluyan”.

En octubre de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.