El Gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, calificó de “exceso” la decisión de los tribunales Cuarto de Sentencia Penal de El Alto y de Sentencia Primero de Sacaba que declinaron su competencia para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez por la vía ordinaria. La autoridad informó que ya se formalizó la presentación de los recursos de apelación y revisión para revertir dichas decisiones judiciales.

“En el fondo el Gobierno considera que ha habido un exceso de ambos tribunales de sentencia”, aseveró Lima a tiempo de recordar que jueces cautelares ya habían decidido procesar a Añez en la vía ordinaria.

En ese sentido, informó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) ya presentó las apelaciones y enmiendas para revertir los fallos de ambos tribunales.

“En horas de la mañana ya se ha presentado en forma física el recurso de enmienda en Cochabamba, en Sacaba, y también se ha presentado recursos de enmienda y apelación en El Alto”, indicó el Ministro.

En ese sentido, Lima aseveró que hasta que no se resuelva los recursos presentados, las decisiones de ambos tribunales no tienen efecto jurídico y expresó su confianza respecto a que ambos fallos sean revertidos.

 “En tanto no se pronuncien los tribunales departamentales de Justicia, a través de sus salas penales, sobre esta situación que se ha producido no podemos decir que esas decisiones tengan algún efecto jurídico (…) Estamos confiados y estamos seguros de que (en las apelaciones) se va a restablecer la legalidad y el derecho en estos casos”, aseveró.

El pasado jueves se conoció que el Tribunal de Sentencia Primero de Sentencia de Sacaba se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Añez por la vía ordinaria, dentro del caso que investiga la masacre ocurrida en esa región cochabambina en noviembre de 2019.

En su resolución el Tribunal señala que al procesar a Añez por la vía ordinaria “se estuviera incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”.

La masacre de Sacaba, como fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de 2019, a tres días de que tomara el poder Áñez, apoyada por la oposición política y cívica.

Un contingente policial-militar intervino una marcha de cocaleros y otros sectores sociales con el saldo de 11 muertos y decenas de heridos de bala. En ese entonces estaba en vigencia el “decreto de la muerte”, que eximía a militares de responsabilidades penales por acciones de “restablecimiento del orden”.

Con este ya son dos los tribunales que se declararon incompetentes para juzgar a Jeanine Añez por la vía ordinaria y consideran ésta debe someterse a un juicio de responsabilidades.

Hace dos semanas, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Añez por el caso Senkata en la vía ordinaria al considerar que debe ser sometida a un juicio de responsabilidades al haber sido “reconocida” como Presidenta del Estado.

En este caso, Añez es juzgada por los hechos acontecidos en noviembre de 2019, cuando en Senkata (El Alto) 10 personas perdieron la vida y otras 31 quedaron heridas, tras una operación policial y militar.

“Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado Boliviano por JEANINE AÑEZ CHAVEZ es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino; también los Órganos del Estado, como el Órgano Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el Propio Órgano Ejecutivo”, señala la resolución del tribunal alteño.

Jeanine Añez, cabe recordar, cumple detención en el penal de Miraflores. Entre otros casos, tiene una sentencia de 10 años de cárcel por el caso llamado ‘Golpe de Estado II’ que señala que tomó el poder de forma irregular y sin respetar los reglamentos de la Asamblea Legislativa y la propia Constitución.