A cuatro años de la masacre de Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que se presentaron las apelaciones a las declaratorias de incompetencia por parte de los Tribunales de Sentencia que debían resolver estos casos. Además, se solicitó a las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba iniciar el juicio oral público y contradictorio correspondiente contra Jeanine Añez y sus ministros.

“Las Comisiones de Fiscales asignados a estos casos, han activado los recursos de apelación correspondiente, para que las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba sorteadas, advertidas de esta arbitrariedad por parte de los tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se de inicio al juicio oral público y contradictorio” informó Lanchipa.

El fiscal argumentó que el tema de competencias ya fue resuelto, a través de una resolución judicial, que dispuso que Jeanine Añez debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria y no por medio de un juicio de privilegio constitucional, decisión que fue ratificada por las salas penales de los tribunales departamentales de La Paz y Cochabamba.

“El análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de estos casos, ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial, adquiriendo, de esta manera, la calidad de cosa juzgada material, por tanto, la determinación asumida al respecto es de cumplimiento obligatorio para las autoridades de primera instancia”, dijo el Fiscal General.

Lanchipa añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, concluyó que es necesario dar justicia a las víctimas de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

“Asimismo, existen antecedentes de fallos por parte de la CIDH, que se constituyen en lineamientos y jurisprudencia consolidada para los estados miembros, que no pueden utilizar como excusa o justificación para la no investigación o enjuiciamiento de hechos constituidos en violación de los derechos humanos, la vigencia de estructuras judiciales que requieren de autorizaciones de carácter político u otros obstáculos formales que deniegan el acceso a la justicia de sus ciudadanos”, agregó la autoridad.

Masacre de Senkata y Sacaba

El informe final del GIEI-Bolivia calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) que dejó desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.

El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

El 15 de noviembre de 2019, una marcha de cocaleros del Chapare fue intervenida por un operativo militar y policial que dejó 11 muertos y decenas de heridos de bala. El 19 de noviembre, ocurrió un hecho similar en El Alto, Senkata. Jeanine Añez había promulgado el Decreto Supremo 4078, que eximía a los militares de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.