Después de que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) fallara a favor del Estado boliviano la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y sus accionistas informaron que iniciarán nuevas acciones legales para lograr recibir una indemnización por la nacionalización de las acciones de Fancesa.

Los accionistas de Soboce acudieron al CPA para pedir una indemnización de 269 millones de dólares debido al decreto 616 de 2010, mediante el cual se revirtieron acciones de Fancesa a favor de Gobernación de Chuquisaca.

No obstante, ayer, martes, la Procuraduría General del Estado informó que la Corte se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda.

A pesar de ello, Soboce y sus accionistas señalaron que iniciarán nuevas acciones legales, en la jurisdicción boliviana e internacional, para lograr recibir un pago por ese proceso de nacionalización.

“Soboce, junto a sus accionistas del Grupo Gloria del Perú continuará acudiendo a los canales judiciales y/o arbitrales (nacionales o internacionales) para el reconocimiento de sus derechos”, dice el texto.

Y añade que: “Creemos en la justicia y en el derecho legítimo que nos asiste, puesto que la Constitución Boliviana garantiza el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. La confiscación de bienes, activos y derechos está prohibida por la propia Constitución”.

Finalmente, Soboce anunció que emprenderá un “diálogo constructivo” con las autoridades competentes, con el objetivo es encontrar una solución amistosa que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible de Bolivia.

El fallo

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269.4 millones del Consorcio Cementero del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia S.A., Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A., Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) en contra del Estado, por la nacionalización de sus acciones en Fancesa en 2016, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

“La Procuraduría General del Estado celebra este fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano, declarándose sin competencia ni jurisdicción el Tribunal Arbitral para tramitar el litigio arbitral y consecuentemente resolviendo la causa en favor del Estado boliviano”, se lee en un comunicado oficial.

En 2016, a través del Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2016, se dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones que fueron transferidas a Soboce en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Por la decisión, Soboce, el Consorcio Cementero del Sur Yura Inversiones Bolivia S.A. y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

Alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) “una notificación de arbitraje”.

En respuesta, el Estado boliviano presentó un escrito de "Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación", alegando falta de jurisdicción.

“La Audiencia principal se realizó en abril de 2023 y el Laudo dictado el lunes 27 de noviembre del presente año 2023 decidió admitir la objeción ‘ratione voluntatis’ (por motivo de la voluntad), presentada por el Demandado, declarándose sin jurisdicción el Tribunal Arbitral para resolver la controversia de fondo entre las Partes”, informó la PGE.