A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo reaccionó a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar ene sus cargos a las autoridades judiciales hasta que se realicen las elecciones y recordó que el fallo de esa instancia es “vinculante”.

“La Defensoría del Pueblo considera pertinente recordar, en el marco del orden constitucional establecido que, el art. 203 de la CPE dispone que los fallos emitidos por el TCP son vinculantes y obligatorios, sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria emergente por los actos desarrollados”, señaló la Defensoría.

En el texto, la Defensoría recuerda que días atrás ya emitió su postura en la que exigía a las instancias correspondientes garantizar las elecciones judiciales y expresaba “su profunda preocupación sobre la inminente vacancia de cargos de altas autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional ante la demora en el proceso de preselección y designación de las nuevas autoridades”.

En ese sentido, la Defensoría señala que con el fallo del TCP terminaron todos los “actuados que han generado dilaciones” en el proceso de convocatoria y preselección de  candidatos de cara a las judiciales y llama a las diferentes instancias a garantizar ese proceso.

“Se exhorta al TCP y al TSJ a generar espacios adecuados para que la ALP cumpla con sus atribuciones constitucionales sin dilaciones, de modo que se garantice a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos. Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige al Órgano Legislativo buscar una salida constitucional a la elección de autoridades judiciales, ejercitando su atribución establecida en la CPE, generando estabilidad institucional, asegurando a la población boliviana el acceso a la justicia, así como el derecho a elegir a sus autoridades”, finaliza el comunicado.

La mañana de este martes, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de Diputados.

Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según  marca la Constitución.

“La declaración constitucional que les he mencionado dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posicionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional”, explicó el TCP.

Antecedentes

Después de que el TCP anulara la convocatoria y preselección de cara a las elecciones judiciales, en agosto pasado, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que fue remitido a Diputados para su revisión.

Sin embargo, cuando fue derivada a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, remitió la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

La norma en cuestión, ahora anulada, señalaba que a partir del 2 de enero personal subalterno se haría cargo de las tareas pendientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) e implementará una transición ordenada hasta que asuman los nuevos consejeros y magistrados electos.

Para ello, el proyecto de ley establecía que "de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas".

De acuerdo con el Proyecto de Ley, el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se dividiría en dos partes: el proceso de preselección de candidatos que lo realizará la Asamblea Legislativa, tendrá un plazo de hasta 45 días. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá tiempo de hasta 90 días para organizar la votación popular.