La Fiscalía rechazó la denuncia en contra del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el extitular de la cámara Baja, Jerges Mercado, por presunto incumplimiento de deberes y su “inacción” para llevar adelante las elecciones judiciales.

La denuncia contra las tres autoridades fue presentado por el movimiento político Búnker Tercera República, que confirmó que la Fiscalía rechazó su acusación.

El vocero del movimiento político, Amilcar Barral, afirmó que en su justificación la Fiscalía señaló que la denuncia por ese supuesto ilícito es “atípico” y que “no existe una relación fáctica clara, conforme el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

“Me acaban de notificar con la desestimación del caso; o sea, nos están rechazando una denuncia (que estaba) tan bien planteada; (era) una denuncia por un delito cometido flagrantemente por parte de la Asamblea Legislativa, por no haber cumplido sus deberes y la doctora Nilda Calle es la que desestima esta denuncia. No nos extraña”, dijo Barral entrevistado por radio Éxito, según citó La Razón.

Las elecciones judiciales están paralizadas desde el primer semestre de este año. Primero, una Sala Constitucional y luego el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralizaron el proceso en dos ocasiones, al anular la convocatoria para la inscripción de pre candidatos y definir que todas las etapas del proceso deben aprobarse por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Luego, para evitar un vacío de poder en las autoridades judiciales, cuyos mandatos fenecen el 2 de enero, el Senado aprobó una Ley de las Elecciones Judiciales; sin embargo, la Comisión de Diputados decidió remitirlo a consulta, entre otras instancias, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Plena lo remitió al TCP mediante una consulta de constitucionalidad, en septiembre pasado.

Finalmente, el pasado martes 12 de diciembre el TCP declaró inconstitucionales varios artículos de esa Ley y resolvió que las actuales autoridades judiciales – del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura- se prorroguen en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.