El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno emitió tres Decretos Supremos para la reglamentación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2024, misma que, ratificó, está aprobada y vigente en su totalidad.

“La Constitución ha previsto la aprobación de la norma, una vez que se ha discutido en la Asamblea Legislativa y ha pasado los 60 días sin el sancionamiento de la misma (…) Está aprobada la Ley, así lo interpretamos nosotros”, aseveró Montenegro.

En ese sentido, Montenegro informó que en las últimas horas se aprobaron los Decretos Supremos 5094, 5095 y 5096 para reglamentar la Ley del Presupuesto General del Estado 2024 – aunque al momento de publicar esta noticia aún no estaban publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

El Ministro explicó que el Decreto 5094 reglamenta la Ley del Presupuesto 2024 y explicó que es un procedimiento que se hace cada año y con todas las leyes referidas al tema.

El Decreto 5095, explicó, reglamenta el artículo 18 de la Ley del Presupuesto General 2024 y establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital destinado a sectores como el agroindustrial, de construcción, minería, entre otros, para “impulsar y fomentar la política de sustitución de importaciones”.

Finalmente, el Decreto 5096 determina el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2023 que los bancos múltiples y Pyme deberán destinar para el cumplimiento de la función social de los servidores financieros.

“Este porcentaje es del 6% y más o menos ronda por los 15,7 millones de dólares que han obtenido en la gestión pasada”, señaló el Ministro.

Las utilidades que generaron estas entidades financieras son destinadas a la conformación de Fondos de Garantía, como el Fondo de Garantías de Créditos de Vivienda de Interés Social (FOGAVISP); Fondo de Garantías de Créditos al Sector Productivo (FOGACP), Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (FOGAGRE); así como el Fondo para Capital Semilla (FOCASE), entre otros.

PGE 2024

La Ley del Presupuesto General del Estado 2024 entró en vigencia el 31 de diciembre de 2023, luego que fuera publicada en la Gaceta Oficial tras 60 días sin aprobación Legislativa.

Según información oficial, la Ley 1546 prevé crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71%, una inflación de 3,60%, estabilidad del tipo de cambio y una inversión pública de $us 4.274 millones, entre otros previsiones.

También establece el acceso a un crédito de $us 700 millones para enfrentar “perturbaciones exógenas, desastres y/o emergencia nacional, crisis sanitaria, cambio climático y otros de naturaleza similar”, y un aporte de capital de Bs 276 millones para el estatal Banco Unión.

Además, da paso a la posibilidad de que las empresas públicas concreten alianzas estratégicas con firmas nacionales o extranjeras, y a la emisión de títulos valores de hasta $us 2.000 millones, “para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”.

El documento establece también un crecimiento del PIB de 3,71%; una inflación del 3,60%; una inversión pública de $us 4.274 millones; un resultado fiscal de -7,80%; y estabilidad en el tipo de cambio que -como años anteriores- se mantiene en +/-10.

Establece un presupuesto agregado con un crecimiento del 7,3%, de 317.129 millones de bolivianos a 340.318 millones de bolivianos; y un presupuesto consolidado que se incrementa en 8,9%, de 243.950 millones de bolivianos a 265.558 millones de bolivianos.

También garantiza asignaciones presupuestarias para los bonos y la subvenciones a los hidrocarburos y alimentos.

En la ley vigente se aclara: “Por cuanto, habiendo transcurrido el término de 60 días sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2024, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículos 164 de la Constitución Política del Estado, entrega en vigencia a partir de su publicación”.

El parágrafo 11 del artículo 158 de la Constitución prevé, específicamente, que entre las atribuciones del Legislativo está el “aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo” en un plazo de 60 días y en caso de no ser aprobado en este plazo, “el proyecto se dará por aprobado”.

El tratamiento y aprobación de la ley del presupuesto no fue terminado en el Legislativo. En Diputados se aprobó con modificaciones, al igual que en el senado, lo que obligó a que vuelva a Diputados y se abra la posibilidad, como ocurrió con el presupuesto reformulado de 2023, que vaya a sesión de Asamblea por falta de acuerdos.